El Gobern asegura que "no volverán" a celebrarse festejos taurinos "diga lo que diga" el alto tribunal
n n n El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer la prohibición de las corridas de toros que acordó el Parlamento catalán en 2010, al considerar que invadió competencias estatales, decisión que el gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona intentarán esquivar para que no se celebren.
El TC resolvió, por ocho votos a favor y tres en contra, que el ejecutivo catalán fue más allá de sus atribuciones en materia de espectáculos y de protección de animales y decretó que puede regular los espectáculos públicos, pero no puede prohibir una fiesta que es patrimonio cultural por decisión del Gobierno central.
La ponente de la sentencia es la magistrada Encarnación Roca, propuesta por CiU para el TC con acuerdo del PP y del PSOE. El PP recurrió un apartado de la Ley catalana de Protección de los Animales que prohibía las "peleas de animales y otras actividades".
La ley catalana, que surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), también prohibía "las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque, así como los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros". Quedaban excluidas de esa prohibición las fiestas de toros sin daño al animal.
una iniciativa popular
La reacción del Gobern catalán la hizo pública el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, que aseguró que los toros "no volverán" a Cataluña "diga lo que diga" el TC, por lo que el Govern desplegará "todos los mecanismos operativos y normativos" a tal fin tras analizar "a fondo" la sentencia. El conseller argumentó que lo que "prevalece" es la voluntad de los catalanes expresada en el Parlament, lo que es "inalterable", así como que la prohibición partió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), lo que otorga en su opinión un "valor añadido".
Rull esgrimió que el fondo de la cuestión es si "es aceptable en el siglo XXI un espectáculo basado en el sufrimiento y en la muerte de un animal". "Cataluña dijo no y seguirá diciendo no", recalcó.
También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respaldada por todos los grupos municipales, excepto Ciudadanos y PP, reiteró el compromiso de la capital catalana contra el maltrato animal y reafirmó que Barcelona seguirá siendo la primera ciudad antitaurina de España.
Mientras que el presidente de las entidades taurinas de Cataluña, Paco March, considera la sentencia como "una victoria moral" para el toreo y que abre "un nuevo escenario de esperanza en Cataluña", la plataforma antitaurina que promovió la iniciativa y los grupos ecologistas consideraron que el fallo del TC es más "político" que "jurídico" y anunciaron que recurrirán a los tribunales internacionales y califican la sentencia de "antidemocrática e inútil".
March ha pedido al propietario de la Monumental de Barcelona, Pedro Balañá, que "tenga el valor de volver a abrirla al toreo", aunque la empresa propietaria de la única plaza de toros que queda en la capital catalana ha declinado pronunciarse sobre el fallo del TC.n
