El nuevo documento regularía la formación que reciben los socorristas
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso apoyó por unanimidad una proposición no de ley socialista por la que se insta al Gobierno a poner en marcha, en seis meses, un Plan Nacional contra Ahogamientos que establezca la formación mínima de los socorristas que trabajan en los espacios acuáticos y las sanciones que a aplicar cuando los bañistas incurran en un comportamiento temerario.
El texto exige una estrategia común contra estos accidentes que permita financiar equipos, materiales, formación y planes de empleo en materia de salvamento y socorrismo. Además, este plan debe estudiar, según la propuesta socialista, cómo dotar a los ayuntamientos, que son los que cuentan con competencias en esta materia, de partidas extraordinarias en verano que permitan contribuir a sufragar todos estos costes.
En concreto los consistorios, según explicó el portavoz del PSOE en esta materia, Miguel Ángel Heredia, tienen la competencia para decidir en qué puntos de su término municipal tiene que haber socorristas y dónde no y de ellos corre este gasto. También exigen la formación que consideran oportuna.
Heredia considera necesario cambiar esta situación, porque existen ayuntamientos que "no tienen capacidad suficiente para contratar un socorrista en cada playa". Por ello, reclamó "una mayor colaboración entre las administraciones públicas". "Especialmente en un verano como el actual, donde se disparó el número de personas ahogadas como consecuencia de la mayor afluencia de bañistas", denunció, para recordar que, en lo que va de 2017, fallecieron 305 personas.
A pesar de votar a favor de esta propuesta, la portavoz del PP, Loreto Cascales, se mostró crítica con los socialistas por una propuesta "incompleta".n
