El viceprimer ministro aclaró que no son una vía para blanquear dinero, sino que atraen inversores
Salpicado por una trama de corrupción que forzó la dimisión del ministro de Interior Miguel Macedo al que sustituyó Anabela Rodrigues, el Gobierno de Portugal defendió ayer a través de su "número dos", Paulo Portas, que los visados para inversores extranjeros no son una vía para blanquear dinero y recordó que ya atrajeron 1.107 millones de euros. En una larga comparecencia en el Parlamento, el viceprimer ministro aclaró que el llamado caso "Laberinto", que implica a varios altos cargos del Estado por sospechas de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, es apenas un lunar en un programa que ha dado buenos resultados, aunque reconoció que puede haber "mejoras". "Este Gobierno está abierto a mejoras y perfeccionamientos de un sistema que es relevante para atraer inversión, traer crecimiento y generar economía y empleo".
Además de los 1.107 millones de euros invertidos en suelo luso, especialmente en inmuebles de lujo, el Estado portugués también ingresó 105 millones en impuestos desde que este plan se puso en marcha en 2012, según cálculos de Portas. "La captación de ahorro externo para sustituir al endeudamiento interno ayuda al país", abogó el dirigente democristiano, quien aseveró que esos visados ayudaron a "sacar" de la crisis a dos sectores cruciales para la economía: el de la construcción y el inmobiliario, sacudidos por la recesión.
Entre los once arrestados en esta trama se encuentran tres altos funcionarios del Estado portugués: el director nacional del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), Manuel Jarmela Palos; la secretaria general del Ministerio de Justicia, Maria Antónia Anes, y el presidente del Instituto de Registros y Notariado, António Figueiredo.n
