VENEZUELA

Maduro adelantará las elecciones para disolver el Parlamento

El gobierno venezolano impugna las sanciones de la UE y adelantará las elecciones legislativas

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Maduro adelantará las elecciones para disolver el Parlamento

El Gobierno de Nicolás Maduro se defiende de las presiones políticas y económicas dentro y fuera de sus fronteras con dos medidas de última hora que tratan de conseguir cierto oxígeno.

Por un lado, Maduro recurre las sanciones económicas impuestas desde la Unión Europea, y por el otro anuncia que será la Asamblea Constituyente la que convoque elecciones parlamentarias anticipadas, lo que podría utilizar para disolver la Asamblea Nacional, en manos de la oposición.

Este miércoles, el Gobierno chavista ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sanciones que los países europeos han impuesto contra altos cargos venezolanos y un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna.


Desde la Unión Europea


El Tribunal General de la UE acogerá este viernes 8 de febrero una vista a raíz del recurso interpuesto por Caracas contra el embargo de armas y de equipos para la represión, así como la base jurídica aprobado por los Veintiocho de cara a sancionar a personas responsables de la represión en la que escuchará a los argumentos de la parte querellante y del Consejo antes de emitir una sentencia.

El Gobierno de Maduro, que demandó al Consejo el 6 de febrero ante la Justicia europea, pide la anulación de las sanciones alegando que se adoptaron sin "pruebas suficientes" y que constituyen "contramedidas ilícitas conforme al Derecho Internacional consuetudinario" y que el Consejo pague las costas judiciales.

También alega que los gobiernos europeos han vulnerado el derecho de la parte demandada a ser escuchada puesto que no le informaron "previamente" de las sanciones y "un manifestó error de apreciación" sobre "los hechos" que las motivaron.

Los Veintiocho aprobaron en noviembre de 2017 la base jurídica --una lista vacía-- de cara a imponer sanciones --congelación de activos y prohibición de entrada en la UE-- a los responsables de la represión en Venezuela y un embargo de armas y de equipos que pueden ser utilizados para la represión interna.