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El Gobierno de Italia reclama responsabilidades a Atlantia

Casas bajo el viaducto derrumbado en Génova, que ya no serán habitables.
photo_camera Casas bajo el viaducto derrumbado en Génova, que ya no serán habitables.

El Ejecutivo y la concesionaria se pierden en acusaciones a la hora de asumir responsabilidades

El Gobierno italiano y la concesionaria Autostrade per l'Italia, filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puente que se derrumbó el martes en Génova, protagonizaron ayer un cruce de acusaciones a raíz de un siniestro que ha causado al menos 38 muertos. El Gobierno, que el miércoles pidió la dimisión de los directivos de Autostrade, continuó la misma estrategia y apuntó a la compañía como la responsable del suceso. De hecho, el viceprimer ministro de Italia y titular de Desarrollo Económico, Luigi Di Maio, reiteró la intención del Ejecutivo de iniciar un proceso para revocar la concesión a Autostrade. "Mantengo la línea del Gobierno, no es posible que se muera pagando un peaje", dijo.
El también vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, consideró que los directivos de la empresa deberían darse "un baño de humildad" y ayudar económicamente a las familias de la víctimas. "Si el Gobierno ha movilizado (ayudas de) cinco millones de euros, ellos deberían poner quinientos millones sobre la mesa", argumentó en referencia al paquete de medidas que el gabinete aprobó el miércoles para hacer frente a las intervenciones más urgentes.
Atlantia, que compró recientemente junto a la constructora ACS la concesionaria española Abertis, se desplomó ayer un 22,26 por ciento en la Bolsa de Milán. Culpó al Ejecutivo de haber anunciado un proceso para la revocación de la concesión a Autostrade "en ausencia de investigaciones sobre las causas reales del incidente", subrayó.
Asimismo, Atlantia recordó que si el Estado acabase retirando la concesión le corresponderá por ley reconocer una penalización, ya que el permiso tiene validez hasta 2038. Una sanción que podría ascender a 20.000 millones de euros. "Esa penalización de miles de millones de euros se paga cuando se rompe un contrato sin ninguna motivación. Pero aquí estamos hablando de un contrato con Autostrade que preveía una serie de obligaciones que no se han respetado", zanjó Di Maio.
 

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