La Xunta aplicará "ya" el acuerdo que "cierra" el conflicto enquistado en la justicia gallega, que derivó en una huelga indefinida desde el 7 de febrero y ha superado los 100 días. Lo hará con el aval de la firma de solo tres de los siete sindicatos del sector (SPJ-USO, UGT y CC.OO.), que representan aproximadamente al 45,6% de los funcionarios.
Julio Bouza (del sindicato mayoritario del sector, SPJ-USO), Manuel González Carvajal (UGT) y Tino Novoa (CC.OO.) se han sentado este miércoles con el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y han firmado un acuerdo que el Gobierno de Feijóo prevé aprobar en la reunión de este jueves del Consello de la Xunta.
Para que sea posible esta aprobación inmediata, Martín ha explicado que se trabaja de forma "exprés". Dado este paso, todos los puntos que sea posible se aplicarán "ya". Es el caso de las subidas salariales que incorpora la oferta y que los funcionarios podrán ver en sus nóminas de junio, materializado "con retroactividad desde mayo".
En concreto, el acuerdo recoge un aumento de 140 euros más al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Una vez validado el acuerdo, los funcionarios percibirán el 50% de estas cantidades en este ejercicio, el 30% en 2019, y el 20% restante en 2020.
El acuerdo incluye otras cuestiones como la consolidación de las plazas de refuerzo de más de tres años de duración, la creación de nuevas plazas, mejoras en los juzgados, y la ampliación del permiso por maternidad y paternidad, y de los supuestos de bajas por enfermedad en los que se percibe el cien por ciento de las retribuciones.
Al respecto, Martín ha incidido en que, una vez se apruebe y publique el acuerdo, se agilizará que quienes sustituyan a compañeros de rango superior cobren en consecuencia y se habilitarán las partidas para reforzar los juzgados que se ocupan de asuntos de violencia machista. también tocará articular la resolución para eliminar los descuentos por las bajas de incapacidad temporal (IT).
REFUERZOS Y PLAN DE RECUPERACIÓN
Por otra parte, ha ratificado la intención de la Administración de "hacer lo posible" para que la consolidación de las 36 plazas de refuerzo "entre ya en el concurso de traslados de este año". "Pediremos comprensión en Madrid", ha esgrimido, antes de precisar que la situación de la justicia en la comunidad ha interferido en este tipo de trámites para el conjunto estatal.
Más lejana parece la carrera profesional, aunque el director xeral ha asegurado que se pone "negro sobre blanco" el compromiso de desarrollarla "en cuanto legalmente sea posible".
La Xunta también ha destacado que, a mayores, se incluye una cláusula de revisión que garantiza que los trabajadores de la Administración de Justicia en Galicia mantendrán una posición por encima de la media de los territorios con la competencia transferida.
Asimismo, se incorpora la puesta en marcha del plan de actuación que permitirá recuperar el trabajo atrasado durante la huelga. Conforme lo avanzado en la pasada jornada, Martín ha ratificado que abordará con los distintos colectivos implicados, además de con TSXG y Fiscalía.
En la pasada jornada, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, ratificó que, a la espera de analizar las distintas jurisdicciones, no podrá empezar a aplicarse al menos hasta septiembre.
Pero el director xeral de Xustiza ha puntualizado que hay servicios como los de reparto, notificación y embargo en los que puede urge más aligerar la carga de trabajo, por lo que se reforzarán "de inmediato".
Los distintos puntos del acuerdo serán vigilados en el marco de una comisión de seguimiento que ha quedado constituida en esta jornada.
RECORRIDO DE LA PROPUESTA Y AMENAZA DE IMPUGNACIÓN
La oferta a la que se han adherido y firmado este miércoles SPJ-USO, UGT y CC.OO. fue en su día rechazada por casi el 53% de los trabajadores del sector judicial.
Y es que la propuesta fue votada el 27 de abril tras un preacuerdo inicial de la Xunta con SPJ-USO, UGT, CC.OO. y CSIF, con la oposición de las otras tres centrales que, a día de hoy, son las únicas que continúan en el comité de huelga (AXG-CUT, CIG y STAJ), y que consideran que el conflicto "sigue vivo".
Días después de la votación, envuelta en polémica y pese al resultado, la Xunta llevó la misma propuesta a la mesa sectorial y dio un plazo de tres días a los sindicatos para ratificar quiénes se adherían a la misma. Lo hicieron SPJ-USO, UGT y CC.OO., que representan en torno al 45,6% de los trabajadores del sector.
Pese a que CSIF sí había avalado en su día la propuesta inicial de la Xunta, se mantuvo al margen en este último proceso y reivindicó la mediación hasta la pasada jornada, pero finalmente también ha optado por abandonar el comité de huelga.
Los tres sindicatos que continúan en este órgano, por su parte, han dicho que estudiarán si impugnan el acuerdo suscrito. El director xeral de Xustiza ha restado importancia a que puedan dar este paso y ha defendido que la Administración considera que el acuerdo se ha fraguado con "legalidad" y "las mayorías" de la mesa sectorial.
En todo caso, tras apelar a la "responsabilidad", ha esgrimido que "cada uno verá lo que hace" y que, llegado el momento, "dictaminarán los jueces". "Es un acuerdo legal que beneficiará a todos los trabajadores, huelguistas y no huelguistas", ha sentenciado.
"90% DE OBJETIVOS" CUMPLIDOS
Por su parte, los tres sindicatos firmantes han defendido el paso dado este miércoles, "beneficioso" para la sociedad y para los funcionarios de la Administración de la justicia gallega. González Carvajal (UGT) y Novoa (CC.OO.) han dado por hecho que el acuerdo cumple "el 90% de los objetivos".
Julio Bouza (SPJ-USO) ha rechazado entrar en porcentajes y, tras admitir que el acuerdo "no es el mejor del mundo", ha esgrimido que, en una huelga indefinida "es fácil entrar pero no salir", por lo que lo "valiente" es saber cuándo dar el paso y evitar que los trabajadores "hipotequen más sus nóminas a cambio de una rentabilidad muy pequeña".
Por eso, frente a quienes "pretendían alargar artificialmente el conflicto", ha defendido que USO optó por "llegar al final del conflicto lo más dignamente posible". Por su parte, el representante de UGT ha remarcado que el acuerdo cumple "al 90%" con las exigencias del conflicto. "Quienes alargan más en el tiempo el conflicto lo hacen con intereses espurios", ha advertido.
Asimismo, el representante de CC.OO. ha incidido en que cuatro de los cinco puntos en cuestión están incluidos "al cien por cien", por lo que ve "innecesario" alargar más el conflicto. "En la empresa privada este acuerdo se hubiera firmado hace bastante tiempo", ha concluido.
