El Ejecutivo bolivariano no hace frente a sus obligaciones con el colectivo desde finales del 2015
Unos 3.500 gallegos que trabajaron en Venezuela y regresaron a España han dejado de percibir las pensiones por parte del Gobierno de ese país que, sin embargo, no reconoce esa situación, según los datos aportados ayer ante una comisión del Parlamento autonómico. El diputado del PSdeG Juan Díaz explicó en su intervención que el "flagrante incumplimiento" de los compromisos por parte del Gobierno venezolano "afecta a unos 3.500 gallegos retornados".
Precisó que "el Gobierno venezolano ha interrumpido el pago de pensiones desde el inicio de 2016" a esas personas, lo que ha obligado a algunos ciudadanos residentes en la Comunidad autónoma de Galicia a acudir a mecanismos de ayuda social. Díaz consideró que hay emigrantes gallegos retornados que afrontan una situación "dramática" ante un "problema grave" de "difícil gestión y resolución definitiva", por lo que pidió a la Xunta que intervenga en la medida de sus competencias.
El diputado invitó a la Xunta a pedir al Instituto Nacional de Seguridad Social a que evite el acudir a los tribunales para reclamar "la devolución de la percepción de complementos" a algunos de esos afectados, tras señalar que ya hay una serie de resoluciones judiciales que les dan la razón.
responsabilidad venezolana
El secretario general de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, indicó que "el Gobierno gallego es consciente" de esa situación, que no afecta solo a los gallegos, pero subrayó que esa "desatención en los pagos" es "responsabilidad directa del Gobierno de Venezuela". Rodríguez Miranda precisó que desde finales de 2015 ya hay personas residentes en Galicia que "dejaron de percibir pensiones de vejez y jubilación" y atribuyó eso a la "situación dramática" que se registra en Venezuela.
Observó que "la dificultad fundamental es que el Gobierno de Venezuela no hace efectivo el pago, pero tampoco reconoce el impago", y se comprometió a contactar con el Instituto de Seguridad Social y a informar al Parlamento sobre la evolución del impago .
España garantiza la asistencia sanitaria para todos los afectados
El Gobierno español ha tomado ya medidas para garantizar la cobertura sanitaria a los emigrantes retornados de Venezuela a los que el equipo de Nicolás Maduro no paga la pensión desde finales del año 2015. Así lo aseguró el pasado día 9 de este mes en una respuesta escrita a preguntas parlamentarias por escrito del PSOE, Ciudadanos y Foro Asturias (FAC), que exigen además al Ejecutivo que pida explicaciones al Gobierno bolivariano y que adopte medidas para paliar la situación de los aproximadamente 4.400 afectados.
En su texto, el Gobierno asegura que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se dirigió por escrito en septiembre a su homólogo venezolano, el Instituto de los Seguros Sociales, requiriéndole formalmente el "cumplimiento inmediato" del convenio de seguridad social entre ambos países. Dicho convenio, firmado en 1988, prevé que ambos países abonen las pensiones que hubieran generado trabajadores del otro país incluso aunque retornen a su nación de procedencia. Sin embargo, desde finales de 2015 el Gobierno de Maduro no cumple con esta obligación de pago, que afecta tanto a españoles retornados como a venezolanos residentes en nuestro país.
La falta de recursos de los afectados que genera esta situación conlleva además la imposibilidad de pagar las cuotas del Convenio Especial de Asistencia Sanitaria que deben suscribir para tener cobertura médica en España, lo que hace que se hayan quedado "inicialmente desprotegidos".
Sin embargo, el Ejecutivo 'popular' asegura que ya se ha informado a los afectados de la derogación de este convenio especial y de los pasos que deben dar para seguir siendo sujetos protegidos. Asimismo, en septiembre se informó por escrito a las direcciones provinciales del INSS de cómo garantizar la cobertura "sin coste alguno" a estos ciudadanos
El pasado noviembre, el Congreso aprobó una iniciativa de C's para instar al Gobierno a exigir al Ejecutivo bolivariano que cumpla con sus obligaciones.
