Galicia

El traspaso de la AP-9 divide ahora a populares y socialistas

Los conductores habituales se encontraron ayer con este resalto en la vía central del Puente de Rande.
photo_camera Imagen de la AP-9, a la altura del puente de Rande

Los grupos de PPdeG y PSdeG difieren sobre la posibilidad de que la Xunta pueda decidir el rescate

nnn  El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, defendió ayer que la postura que considera válida sobre la transferencia de la AP-9 es la que excluye la posibilidad de que la Xunta decida el rescate de la Autopista del Atlántico para la Administración pública, como aprobó el Parlamento de Galicia en 2017 y 2018. Así, apuesta por que el Congreso elimine esta posibilidad de la ley impulsada por la Cámara gallega, que podría ser debatida en la Cámara Baja en la segunda semana de noviembre, y relegar la revocación de la concesión a una decisión política de la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado, posterior a la tramitación a la ley.
Coincide en parte con la postura del PPdeG, que considera que la comisión mixta es el foro en el que se puede impulsar ya la negociación bilateral para el cambio de la titularidad de la autopista. La diferencia son los tiempos: el PSdeG entiende que la comisión mixta deberá abordar los términos de la transferencia cuando se apruebe la ley (y ahí se podría incluir el debate del rescate); mientras que los populares creen que el trámite parlamentario se puede prolongar demasiado y retan a iniciar ya el diálogo bilateral si hay voluntad política de cambiar el titular.
El Gobierno de Pedro Sánchez eliminó el veto sobre la proposición de ley de la Cámara gallega que pide transferir la titularidad de la AP-9 -cuya concesión está en manos de Audasa (Grupo Itínere)-. El Congreso baraja noviembre para debatir esta iniciativa, ya que únicamente tiene una propuesta legislativa de Murcia por delante.

bloqueos previos
La ley que aprobaron en marzo de 2016 todos los grupos políticos gallegos fue bloqueada por el Gobierno de Mariano Rajoy por cuestiones presupuestarias y esgrimiendo que la vía conectaba con Portugal (aunque en realidad desemboca en una autovía que es la que conduce a la frontera). De esta manera, la Cámara autonómica volvió a aprobar el mismo texto eliminando la referencia al rescate de la AP-9, pero el Ejecutivo central volvió a vetar el texto, y una tercera vez con el mismo contenido que en 2017 (este verano de 2018).
A preguntas de los medios, Leiceaga advirtió de que la propuesta que envió el Parlamento de Galicia en 2016 "fue modificada sustancialmente" y, por ello, hay que "hacer una evaluación de conjunto" de cómo se puede abordar la cuestión ahora. "El propio Parlamento se modificó a sí mismo", dijo Preguntado expresamente por si está a favor sí o no del rescate de la AP-9 para su incorporación a lo público, Leiceaga contestó que es partidario de dar ese debate con posterioridad, en la Comisión Mixta de Transferencias. No aclaró, por otro lado, cuál será la postura de su grupo en el Congreso al respecto de tramitar la ley de transferencia de la AP-9.
El dirigente socialista es partidario de "recuperar lo que se votó en 2017 y 2018" y recordó que estos dos textos contaron con el apoyo unánime de toda la Cámara, como también la primera de ellas (la de 2016). 

posición popular
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, advirtió de que, si "realmente" la voluntad política del Gobierno de Sánchez va más allá de levantar el veto a que se debata la propuesta, las negociaciones políticas con la Xunta podrían empezar "ya" en la comisión mixta en la que ambas administraciones negocian las transferencias.
Puy rebajó la importancia del contenido inicial de la iniciativa que se someta a debate, toda vez que -recordó- una vez que las propuestas se empiezan a tramitar están abiertas a enmiendas y serán los grupos del Congreso los que decidan si se modifica el texto y cómo "se aprueba". "Es el Congreso el que debe debatirlo; lo importante es que se tramite la ley, con independencia del contenido final", defendió Puy, quien, en todo caso, remarcó que el traspaso -al margen del paso legislativo- exigiría un "acuerdo de transferencia" entre la Xunta y el Gobierno, ya que la valoración económica es "fruto de una negociación política". n 

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