El promotor de la acción disciplinaria comprobó "indiciariamente" que cobra por sesiones de videncia
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó, por cinco votos a dos, acordar la suspensión provisional de funciones de la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo, María Jesús García Pérez, que había propuesto el promotor de la acción disciplinaria, tras comprobar "indiciariamente" que cobra por echar el tarot y que siguió haciéndolo incluso cuando trascendió públicamente su actividad como vidente.
Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el trámite de alegaciones la Fiscalía también había solicitado la suspensión provisional por un periodo máximo de seis meses, igual que había solicitado el promotor de la acción disciplinaria en el marco del expediente incoado a la magistrada. Por su parte, la magistrada se había opuesto a la adopción de la medida cautelar.
A mediados del pasado mes, el CGPJ abrió un expediente disciplinario a esta juez por la supuesta comisión de una falta "muy grave" por anunciarse como tarotista y vidente y llevar a cabo estas prácticas. Ahora se rechaza la adopción de medidas cautelares contra ella y podrá seguir en su puesto mientras no se resuelve el expediente.
La suspensión provisional que proponía el promotor de la acción disciplinaria se amparaba en la supuesta comisión de "una falta muy grave" prevista en el artículo 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consistente en "el ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado", establecidas en el artículo 389 de esa norma.
aceptando dinero a cambio
El promotor de la acción disciplinaria consideraba que las actuaciones practicadas en el expediente permitieron acreditar "indiciariamente" que la magistrada "viene ejerciendo una actividad de cartomancia a través de la baraja del tarot, aceptando dinero a cambio", y que "ha seguido haciéndolo" incluso después de que, tanto el TSXG como el propio promotor de la acción disciplinaria, abriesen diligencias informativas al tener conocimiento de esa actividad.
En su opinión, la suspensión cautelar de la magistrada por un periodo máximo de seis meses se adoptaría "en vista de la gravedad de los hechos, de la naturaleza de la sanción que se le podría imponer en caso de apreciarse la comisión de la falta -que podría llegar a ser la de expulsión de la Carrera Judicial- y de la posibilidad de reiteración de la conducta", pero esta opción ha sido rechazada por una amplia mayoría de la comisión disciplinaria.
El proceso contra la juez se inició después de que el TSXG trasladase un escrito del presidente de la Audiencia de Lugo en el que comunicaba que había tenido conocimiento de que la magistrada "de forma pública reparte octavillas publicitarias anunciándose como tarotista y vidente con gran experiencia en echar las cartas de tarot".
Este escrito dio lugar a unas diligencias informativas por parte del promotor de la acción disciplinaria, a las que se unieron varias informaciones periodísticas en las que se afirmaba que la propia magistrada realizó la citada actividad. Concretamente, el periódico "El Progreso" de Lugo narró en sus ediciones en papel la experiencia de incógnito en una sesión de tarot.
