El colectivo de víctimas del accidente del Alvia reclama que se produzcan nuevas imputaciones
n n n Las comparecencias de dos peritos de la aseguradora de Renfe y un experto que elaboró informes para uno de los peritos judiciales concluyeron con la coincidencia fundamental de que Adif no hizo un análisis de riesgo integral en la línea Ourense-Santiago, donde descarriló un tren Alvia en julio de 2013 con el resultado de 81 fallecidos y más de un centenar de heridos. Frans Heijnen y James Robert Catmur declararon ante el juez, el fiscal y los abogados de las partes desde primera hora de la mañana hasta casi el mediodía, mientras que Enrique Castillo Ron hizo lo propio desde entonces hasta pasadas las 15,00 horas.
A la salida del edificio judicial, tanto una portavoz del colectivo de víctimas como el abogado del maquinista, único imputado ya que circulaba con un exceso de velocidad antes de llegar a la curva de A Grandeira, expresaron su deseo de que después de esta jornada se produzcan nuevas imputaciones. "Creo que aquí hay una responsabilidad grave de los que son los responsables de la seguridad en la circulación viaria de Adif y tienen que ser investigados si queremos que la red ferroviaria española sea de verdad segura", manifestó Manuel Prieto, el letrado que defiende al conductor.
informes duplicados
"No existe ningún análisis de riesgo hecho de la zona del accidente, incluido en los nuevos documentos, aunque -Adif- dice que presenta el documento 14 como análisis de riesgo del enclavamiento de Santiago, no es de Santiago, es una revisión anterior de O Irixo; han duplicado en O Irixo dos cosas, dos documentos, y han presentado cada uno de una forma distinta", criticó el letrado que defiende al conductor Francisco Garzón Amo, en este momento único imputado en la causa."Queda ratificado que ahí -en la curva de Angrois- la seguridad no existía, se había quedado exclusivamente en manos del maquinista", añadió Prieto.
A su juicio, de hecho, "el factor humano es uno de los elementos que hay que valorar", puesto que "no se puede dejar la seguridad exclusivamente a lo que pueda hacer un maquinista que no deja de ser una persona". "Para eso están los elementos de la tecnología y los controles para que se hubiesen evitado ese accidente", añadióha añadió.
Además, el abogado de Garzón destacó que este fue el "primer accidente con fallecidos de la alta velocidad española" y el primero en Europa "en que el 100% de las personas que iban a bordo sufrieron lesión o fallecieron". "Eso da la clave de la especialidad de la curva que se había dejado sin ningún sistema de seguridad", subrayó. Por su parte, la integrante de la plataforma de afectados Teresa Gómez Limón criticó que las víctimas del siniestro ferroviario se ven "desamparadas" y opinó que es "asombroso que sigan sin imputar nada más que al maquinista". No obstante, Gómez-Limón atacó directamente a Enrique Castillo Ron, quien exonera en su informe a Adif de las responsabilidades al entender que su actuación se justifica en base a la normativa existente en ese momento.
"Ha dicho cosas increíbles", afirmó al respecto Gómez-Limón, además de remarcar que el experto "se ha puesto un poquito nervioso" ante las distintas preguntas de los abogados presentes en la sala por "los intereses que puede tener con Adif", después de haber recibido un premio a manos de esta institución y ser el posible adjudicatario de una concesión en el tren Valencia-Cantabria.
careo rechazado
El abogado personal de esta representante de la plataforma de víctimas, presente durante su comparecencia ante los medios, señaló que Castillo Ron ha quedado "bastante retratado" delante del juez y opinó que si el magistrado rechazó un careo entre los autores de los dos informes es "porque jugaban en dos ligas diferentes", dada la calidad de uno y de otro.
Mientras, otras fuentes consultadas señalaron que la postura de la abogada del Estado, que representa al administrador de infraestructuras ferroviarias, se basó en que el análisis de riesgo integral o uno concreto para la curva de Angrois no son, desde su perspectiva, obligatorios según la normativa vigente. n
