El Juzgado de lo mercantil 1 de Pontevedra ha admitido a trámite la demanda de juicio ordinario presentada por la Fiscalía contra la empresa Audasa, concesionaria de la autopista AP-9, por presuntas prácticas abusivas en el cobro del peaje durante las obras de ampliación del puente de Rande.
Durante estas obras se mantuvieron invariables las tarifas de los peajes pese a las restricciones permanentes del tráfico que hubo entre febrero de 2015 y junio de 2018.
El Juzgado de lo mercantil también acuerda realizar un llamamiento a personarse en el proceso a quienes tengan la condición de perjudicado por haber sido usuarios del servicio que dio origen a la demanda con el objetivo de que hagan valer su derecho o interés individual.
Dado que los perjudicados potencialmente pueden provenir de cualquier punto del país, la sala decreta la publicación de la admisión de la demanda en dos diarios y la suspensión del curso del proceso durante dos meses dada la complejidad del caso y la dificultad de determinar y localizar a aquellos.
Esta resolución es susceptible de recurso de reposición, que, en todo caso, carecerá de efectos suspensivos.
En su demanda colectiva, la Fiscalía de Pontevedra solicita el reintegro de los peajes que fueron abonados en el tramo del entorno del puente de Rande entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, con los intereses legales.
La Fiscalía insta al Juzgado de lo mercantil de Pontevedra a dictar una sentencia declarando la nulidad del cobro íntegro de los peajes durante ese periodo y condene a Audasa a cesar en esta práctica y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo en cualquier autopista que gestione en España.
En cuanto a las devoluciones, propone que los reintegros, con los intereses legales desde la fecha del pago de cada peaje incluidos, se efectúen mediante tarjeta de crédito o Vía T (abonados) para aquellos que utilizaran estos medios de pago.
Para los usuarios que pagaron el peaje en efectivo, señala que "se procederá conforme a las normas de la Ley de enjuiciamiento civil para el aseguramiento del resarcimiento".
Además, la Fiscalía de Pontevedra pide condenar a Audasa a abonar una indemnización consistente en el doble del importe del peaje a todos los usuarios, conductores o pasajeros, que no sean profesionales de la conducción y/o titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros, afectados por los atascos o retenciones superiores a los diez minutos.
En el caso de que no se pueda acreditar el número de viajeros en cada vehículo, propone que la indemnización se abonará por vehículo no dedicado profesionalmente al transporte que acredite haberse encontrado en los atascos, todo ello mediante la aportación del comprobante del peaje o a través de cualquier otra prueba.
En la descripción de los hechos que justifican la demanda, la Fiscalía hace constar que durante al menos tres años, entre el 27 de febrero de 2015 y junio de 2018, la ejecución de obras en el entorno del puente de Rande "afectó de forma relevante y constante" a la fluidez del tráfico en la autopista.
Abunda en que el tráfico se vio "permanentemente afectado", dado que la reducción del número de carriles en uso y de los límites de velocidad, además de las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron constantes atascos.
Por tanto, considera que todos los vehículos que circularon en ese tramo entre las fechas indicadas "recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad".
Pese a todo, incide en que "no sólo se ha mantenido el cobro íntegro del peaje en todo momento (...) sino que se incrementó" a partir del 1 de enero de 2018, tras una inauguración de las obras el 30 de diciembre de 2017 "aun cuando se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha".
Al desconocer la totalidad de consumidores afectados por la "práctica general abusiva" de Audasa, la Fiscalía solicita la extensión de los efectos de la sentencia a todos los usuarios que se pudieran encontrar en la misma situación.
Se remite a los datos de la propia Audasa del periodo de referencia, que cifra en unos 77 millones los tránsitos y la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros de en torno a los 90 millones de euros.
La Fiscalía de Pontevedra recalca que el pago del peaje tiene el carácter de contraprestación porque se entrega a cambio de recibir el uso "en perfectas condiciones" de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad.
En base a este criterio, la demanda califica de "abusiva" la práctica consistente en la exigencia de la totalidad del importe del mismo peaje que cuando la autopista funciona de modo normal, aun cuando la concesionaria tenía "completa constancia" de que entonces no podía prestar el servicio en tales condiciones.
