Galicia

La justicia, lejos del acuerdo en la tercera semana de huelga

Los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia, en la Praza da Quintana de Santiago.
photo_camera Los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia, en la Praza da Quintana de Santiago.

El complemento autonómico transitorio y el veto a interlocutores, escollos para seguir negociando

n n n Todos los funcionarios de la Administración de Justicia en Galicia, unas 2.700 personas pertenecientes a cuerpos nacionales, están llamadas a una huelga que excluye a jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, quienes tienen un régimen salarial diferente al depender, de forma directa, del Consejo General del Poder Judicial. Siete sindicatos -SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO- se sientan en la mesa de negociaciones frente a la Xunta, representada por los directores generales de la Función Pública (Consellería de Hacienda), José María Barreiro, y Justicia (Vicepresidencia), Juan José Martín.

1 ¿Qué es el complemento autonómico transitorio?
Los trabajadores de Justicia tienen, además de su salario base, un complemento autonómico transitorio (CAT) que varía entre comunidades autónomas. El CAT gallego está entre los dos más bajos del Estado en todas las categorías -gestores, tramitadores y cuerpos de auxilio-, a excepción del territorio del Ministerio, que es inferior. En Galicia, el CAT se sitúa en torno a los 435 euros al mes para todos los profesionales (más otros 10 euros por productividad). El abanico estatal llega desde los 987 para los gestores en el País Vasco, como máximo, hasta los 387 en la zona que gestiona el Ministerio.

2 Rechazo sindical a Barreiro, interlocutor de Hacienda.
Los sindicatos se escudan en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia para rechazar a la Consellería de Hacienda en la negociación y se levantaron de la mesa en la última reunión, cuando anunciaron que no volverían mientras Barreiro fuese su interlocutor. El propio Barreiro detalla que, como director general de la Función Pública, preside de la Mesa General de Empleados Públicos y la mesa donde se aprueban los presupuestos de los diferentes sectores, por lo que ve lógica su presencia. Además, defiende la potestad del Gobierno gallego para elegir sus interlocutores como también hicieron los sindicatos.
3 ¿Cuáles son las posturas en materia salarial?
Los sindicatos empezaron el conflicto con la petición de un aumento lineal para todos los cuerpos de unos 400 euros mensuales, que más tarde rebajaron a 270 y ahora han disminuido hasta 225, que se aplicaría de forma gradual entre este año y 2020 y quedar en la media de comunidades autónomas.  La Xunta propuso, como última oferta antes de la huelga, un aumento de 75 euros al mes para gestores, 62 para tramitadores y 55 para cuerpos de auxilio, que se aplicaría entre 2019 y 2021. Ya con el conflicto en marcha, subió hasta 90 euros mensuales en el primer caso, 76 en el segundo y 68 en el tercero, a aplicar entre 2019 y 2020, la mitad en cada ejercicio. Descarta, en todo caso, cualquier tipo de subida este año. El último movimiento lo hicieron los sindicatos pero la Xunta no hizo más.

4 ¿Cuáles son las reclamaciones en cuestión de derechos?
Los funcionarios quieren no ser penalizados durante las bajas por enfermedad. Sus compañeros, de otras comunidades con competencias transferidas y del territorio del Ministerio, no sufren descuentos cuando están en situación de incapacidad temporal (IT). Ocurre lo mismo con jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia de Galicia. La Xunta mantiene que se negocia a nivel estatal la eliminación de esta reducción salarial y la aplicará en cuanto se apruebe.
Los trabajadores piden también recuperar 106 plazas que fueron amortizadas, convertir en puestos fijos aquellos refuerzos que se hayan prolongado durante más de tres años y, en el caso de los sustitutos, percibir el salario del trabajo que desempeñan, si este es superior a su categoría original.

5 ¿Qué separa a las partes?
La diferencia en el aspecto salarial es máxima. Las partes ni siquiera reconocen cuál es la media estatal del CAT. Las medias calculadas por los sindicatos superan entre 52 y 41 euros a las de la Xunta. Con su tabla, el Gobierno gallego sitúa a los funcionarios entre los puestos sexto y noveno a nivel estatal, entre 19. Los sindicatos aspiran a acabar en torno al sexto entre 13.

6 ¿Qué impacto tiene la huelga?
Todos los juicios, excepto las causas con preso y las que llevan vinculadas medidas de protección, han quedado suspendidos en Galicia desde el pasado 7 de febrero, con un cálculo, según los sindicatos, de unos 700 al día -según la Xunta no se celebran tantos al día en Galicia-, lo que acercaría la cifra a los 10.000 procesos, algunos aplazados hasta 2019. A esto hay que sumarle la cancelación de vistas o citaciones en fase de instrucción y los escasos trámites que realizan los registros civiles, que dejan pendientes todos los que no sean urgentes. El comité de huelga calcula que cada semana supone un año de retraso para la Justicia gallega. Los bolsillos de los huelguistas también sufren las consecuencias, con unos descuentos entre 60 y 80 euros al día, por lo que la huelga indefinida puede costar, a quienes la hayan hecho todos los días, entre 780 y 1.040 euros. También notan el impacto económico abogados y procuradores.

7¿Qué han hecho otras comunidades?
Las últimas en firmar acuerdos vinculados a un aumento del CAT han sido Madrid y el Principado de Asturias. Madrid aceptó una subida de 120 euros, con 45 euros en 2017, 45 en 2018 y 30 en 2019. Asturias pactó 140 euros 95 en 2018, 25 en 2019 y 20 en 2020. En el caso de Madrid, el Gobierno central interpuso recurso contencioso-administrativo , al considerar que quebranta lo establecido por los PGE de 2017, la misma consideración que esgrime la Xunta para no aceptar la subida salarial.n

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