La concejala ourensana de Urbanismo recurrirá y pone a disposición del partido su cargo
La supuesta prevaricación urbanística en relación a la legalización de un parking en el subsuelo de la Plaza de San Antonio y el pago de 358.000 euros a una vecina en concepto de indemnización por la pérdida de luces en su vivienda será el primer asunto de todos los que mantiene abiertos el gobierno socialista en la ciudad que llegue a juicio.
El juez instructor, Leonarlo Álvarez, acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado en las que sólo figuran como inculpados la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, quien anunció que recurrirá y pone su cargo a disposición del partido, y el abogado Carlos Hernández, el profesional que emitió un informe jurídico que avaló la actuación.
Mientras, el proceso se archiva con respecto al resto de concejales y exediles que declararon como imputados, entre los que estaba el actual alcalde, Agustín Fernández, y su antecesor, Francisco Rodríguez. Y aunque dieron por bueno el informe de la edil de Urbanismo en diciembre de 2007, "confiando a ciegas", el juez dice que esta forma de trabajar es discutible pero no en la vía penal .
El juez considera que la titular de Urbanismo prevaricó el elevar a la junta de gobierno de 5 de diciembre de 2007 el expediente para conceder licencia urbanística y de ocupación al parking. Todo ello, teniendo en cuenta sentencias del Supremo y el TSXG de 2004 y 2008 que decían que el subsuelo era público.
Tampoco considera procedente la indemnización a la vecina Aurora Montero, a la que tilda , en distintos momentos, de " absolutamente desproporcionada", "excesiva" y "descabellada" por "una simple pérdida de luces". Recoge el auto que con esta decisión, tendente a evitar más procesos judiciales, el Concello no sólo ver mermadas sus arcas sino que, además, "ve como se mantiene la titularidad privada de tres plantas de parking que por imperativo judicial le pertenecían al Ayuntamiento". Para el magistrado, Soto incurrió en un delito de prevaricación al poner en marcha un expediente en que defendió "a capa y espada" la titularidad privada del subsuelo.
El mismo auto censura que la edila "se negó a dar cualquier trámite a las peticiones llegadas sobre solicitud de revisión de oficio de las licencias de legalización" otorgadas en 2007. Todo ello, a sabiendas de que la tramitación de dicha solicitud podría dar pie a una resolución "que determinase la ilegalidad de todo lo realizado". n
