El cambio de postura del PSOE, que apoya ahora la creación de una comisión en el Congreso, aporta ilusión a las víctimas
Cuatro años hará este 24 de julio desde que un tren Alvia en el que viajaban 218 personas descarriló en la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la estación de Santiago. Allí, viajeros, vecinos del barrio de Angrois y otros ciudadanos que junto a los servicios de emergencias se lanzaron a socorrer a las víctimas, vivieron momentos de enorme tragedia, con el resultado final de 80 fallecidos y 144 heridos.
Una catástrofe, para más "inri", que se producía a pocas horas de la celebración del día grande de la ciudad, el de su patrón, el Apóstol, que a la postre es el Día de Galicia. El convoy procedía de Madrid-Chamartín y se dirigía a Ferrol, pero tenía prevista su parada en Compostela minutos antes de las nueve de la noche. Pasadas las 20,40 horas, el exceso de velocidad con el que circulaba el maquinista tras atender una llamada del interventor -que le indicaba por dónde entrar en Pontedeume para que se pudiese bajar una familiar- provocó el descarrilamiento.
Esta conmemoración estará marcada por dos frentes: el judicial y el político. En los juzgados, al conductor, Francisco Garzón, se le ha unido el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, al que el juez también atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.
Cargo bajo sospecha
Cortabitarte obtuvo la calidad de investigado en la causa en marzo de este año, aunque anteriormente ya había sido imputado por el primer instructor, Luís Aláez, en septiembre de 2013 y en mayo de 2014. En esas dos ocasiones se libró de lo que Aláez le atribuía a él y a otras 21 y 11 personas, respectivamente -todos ellos altos cargos o excargos de Adif-, por la decisión de la Audiencia coruñesa.
Los mismos magistrados que, sin embargo, el pasado 28 de junio confirmaron la investigación a Cortabitarte por el nuevo juez, Andrés Lago, al ver "indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos". Este 27 de julio, tres días después del aniversario, vuelve a estar citado en sede judicial. Algunas fuentes consultadas dan por hecho que otra vez optará por no declarar o que, si lo hace, solo responderá a su abogado. Otras fuentes, no obstante, tienen la impresión de que sí intervendrá, algo que creen que preocupa a su letrado, por lo que pueda decir sobre las implicaciones de otros dirigentes o empresas públicas como Renfe.
La conmemoración este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya ha registrado una petición de comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados.
La reivindicación, justamente, por la que clama la plataforma de víctimas desde un primer momento, para conocer "la verdad" y que se haga "justicia", y que le llevó a las calles ya el 17 de diciembre de 2013, precisamente frente a las Cortes.
la pelota, sobre ciudadanos
Podemos y en concreto En Marea ya ha mostrado su disposición a votar a favor de la iniciativa socialista, y ni siquiera descarta una actuación conjunta. La pelota está, así las cosas, sobre el tejado de Ciudadanos, del que los afectados quieren saber si volverá a favorecer el veto a esta solicitud en la Mesa, que controla el PP junto a esta organización. Todo esto se resolverá en septiembre, a la vuelta de las vacaciones de los parlamentarios.
Para el presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, es un momento de "sentimientos encontrados": "La gente está por una parte muy ilusionada y esperanzada, porque parece que ya se empieza a destapar todo; pero, a la vez, ese día, para quien ha perdido a un familiar...", reflexionó.
