La Audiencia de Lugo condena a Pablo Taboada y a su antecesor, Fernando Pensado, ambos del PP
La Sección Segunda de la Audiencia de Lugo condenó al alcalde de Palas de Rei, Pablo Tabodada (PP), así como a su predecesor en el cargo, Fernando Pensado, y a cuatro miembros de la corporación local en el momento de los hechos juzgados a nueve, ocho y siete años de inhabilitación, respectivamente, para desempeñar cualquier cargo electo en la administración local, por el delito de prevaricación. Asimismo, condena a quince meses de prisión al regidor local y al ex alcalde por los delitos de acoso laboral a la secretaria municipal del Ayuntamiento de Palas de Rei, y a penas que suman 27 meses de cárcel a tres funcionarios municipales por el mismo motivo.
El actual alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, y su antecesor en el cargo, Fernando Pensado -ambos del Partido Popular-, se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia en un juicio que comenzó el pasado 13 de junio y se prolongó durante una semana. Junto a ellos, comparecieron como acusadas otras nueve personas -entre concejales y funcionarios-, para responder por los supuestos delitos de prevaricación y acoso en el trabajo, a raíz de la denuncia que interpuso contra ellos la secretaria municipal, Celia González.
Relato del fiscal
El ministerio fiscal acusaba a ambos alcaldes, al actual y a su antecesor, de un delito continuado de prevaricación, por el que les pedía una pena de diez años de inhabilitación para cargo público y una multa de 3.600 euros; y de un delito de acoso en el trabajo, por el que solicitaba para cada uno de ellos una condena de dos años de prisión. El fiscal afirmaba en su escrito de acusación que el alcalde anterior le dio a la secretaria municipal un "trato totalmente inadecuado" e incluso permitió que "el personal del Ayuntamiento" de Palas de Rei "desobedeciera toda orden" dada por la funcionaria, además de retirarle "las claves de acceso a los equipos y programas informáticos" del consistorio.
Sostenía la acusación pública que Pensado, cuando "conseguía" mediante esas "maniobras" quitar "de en medio a la secretaria" titular, nombraba "como secretario accidental" a otro funcionario, "a sabiendas de su ilegalidad", dado que "no reunía los requisitos previstos por la ley para tal nombramiento", para proceder a efectuar pagos con "reparo" de legalidad. Cuando el actual alcalde tomó posesión de su cargo, se unió "a esa situación de mobbing", sostuvo el ministerio fiscal en el juicio oral, e incluso le dio "a entender" a la secretaria municipal que si no hacía lo que él le ordenase, le bajaría el sueldo de inmediato.
De hecho, según el relato del fiscal, la cambió de despacho y la suspendió de empleo y sueldo de forma provisional "varias veces", a pesar de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo lo "obligaba a readmitirla y a indemnizarla". En la sentencia, la sala entiende que el acuerdo adoptado en el pleno celebrado el 30 de abril del año 2011 para destituir a la secretaria es una "resolución clara y grosera que transgrede lo dispuesto legalmente" y que se "pronunció con la intención de saltar esa previsión legal con tal de obtener el resultado pretendido".
En ese sentido, la Audiencia considera autores del delito de prevaricación "a todos los miembros del pleno que votaron a favor de tan injusta resolución", pues existía "una advertencia expresa" de que "tal resolución" era "anómala" por la "incompetencia manifiesta del propio pleno".
Diecinueve contenciosos
Durante la celebración del juicio, Celia González recordó que le abrieron "seis expedientes disciplinarios" y estuvo "suspendida provisionalmente de empleo y sueldo", pero en ese tiempo ganó "diecinueve contenciosos administrativos", porque en todos le dieron "la razón" y le permitieron seguir ejerciendo como "secretaria titular de la plaza". A causa de ese acoso laboral, recordó, llegó a estar "catorce meses de baja".
