Reitera que la Xunta de Feijóo actuó "desde el primer momento" y dice que a la oposición "le molesta mucho" que "se recuerde" que denunció
El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, ha descartado nuevas medidas contra las funcionarias ligadas a Consumo e imputadas en la 'Operación Zeta' y que se mantienen al frente de sus responsabilidades hasta que se resuelvan los expedientes informativos que analizan si actuaron o no de manera irregular y ha advertido que son "los jueces" y no la Xunta los que "juzgan" lo que "dicen" los sumarios.
Tras el Consello de la Xunta, Rueda ha reiterado que el Ejecutivo autonómico "actuó desde el primer momento" y ha interpretado que a la oposición "le molesta mucho" que se recuerde --ha insistido-- que la Xunta de Feijóo fue no sólo "la primera" en inspeccionar la forma de desarrollarse los cursos de formación, sino que, cuando detectó irregularidades, las denunció ante la Fiscalía.
"Eso es una realidad que está ahí, que la oposición parece tener interés en negar, pero que demuestra que la Xunta tomó medidas", ha agregado el vicepresidente, antes de esgrimir, en relación a los nuevos imputados de la 'Operación Zeta' que "altos cargos" nombrados por el Gobierno gallego había "uno", el exdirector xeral Odilo Martiñá, y que éste cesó de su cargo.
Al margen de Martiñá, entre los imputados de la causa --que suman ya 30--, se hallan otros dos excargos de la Xunta: el que fue jefe territorial de la Consellería de Traballo en A Coruña y exdirector del área de Servicios Provinciales de la Diputación coruñesa, Luis Alberto Álvarez Freijido, y el exjefe de Servicio de Empleo de la Xunta Joaquín Vila Sampayo.
A estos nombres, se suman los de María Isabel Caramés, jefa de Servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo, y la directora de área de la Escuela de Consumo Esther Álvarez. Su citación se ha fijado para el 14 de abril por presunto tráfico de influencias.
Tras remarcar el cese de Martiñá, el vicepresidente ha destacado que se han abierto los correspondientes expedientes a estas funcionarias, como ya avanzaron en la pasada jornada a Europa Press fuentes de la Xunta. "Veremos lo que se deriva de los mismos", ha reflexionado, antes de apelar al "respeto" al derecho a la presunción de inocencia y a lo que dictaminen los tribunales.
"LA XUNTA ACTÚA"
"La Xunta actúa con respecto a este personal y ha actuado desde hace mucho tiempo pese a que la oposición intenta ocultar la gran realidad: que se investigó y que se denunció", ha reivindicado y, preguntado acerca de si apartará a las funcionarias de Consumo de sus cargos, ha insistido en que el Gobierno actúa conforme está "obligado" en este caso, es decir, con la apertura de un expediente.
Rueda ha defendido que la Xunta cumple con la normativa al abrir, según se estipula para este tipo de casos, un expediente informativo que "deviene en disciplinario". "Y veremos lo que se deriva de todo ello", ha reiterado, para concluir que actuar de otra manera significaría "no actuar de acuerdo con la normativa y no respetar los derechos que asisten" a las trabajadoras públicas.
Preguntado por el rechazo de la oposición a sus argumentos y la insistencia en que adopten responsabilidades, ha replicado que la Xunta no repite "argumentos", sino "realidades". "Y como son realidades, las repetimos las veces que haga falta", ha apostillado.
NO TENÍA CONSTANCIA
Por último, después de que un periodista le leyese fragmentos del sumario en el que se hace constar que otra alto cargo de Traballo, la directora xeral de Formación, Ana María Díaz, habría avisado a uno de los supuestos implicados en la operación, ha respondido que son los jueces los que están para "juzgar" si es "cierto" o no y las consecuencias de "lo que dicen los sumarios".
"La Xunta en ningún momento va a ejercer esa función", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que Ana María Díaz no está imputada, y ha negado que él fuese informado por otro de los implicados en la trama, Héctor Cañete.
