Once empresas gallegas resultaron afectadas por la organización que ha desarticulado la Guardia Civil en la llamada operación Alpechín, que ha supuesto la detención de 35 personas en Cuenca y la imputación de otras 15 por estafar a comerciantes mediante el conocido como timo del nazareno.
Según confirmó a Efe la Guardia Civil, de las empresas afectadas, tres están en la provincia de Lugo, cuatro en la de A Coruña, una en la de Ourense y otras tres en la de Pontevedra.
Los estafadores simulaban ser empresarios de un determinado sector y realizaban pequeños pedidos que pagaban de forma puntual para ganarse la confianza del proveedor.
A continuación realizaban un pedido superior, que ya nunca abonaban, y vendían los productos adquiridos a un precio inferior al del mercado.
Estipulaban unas condiciones de pago 30, 60 ó 90 días con el fin de disponer de tiempo suficiente para estafar al mayor número de empresas posibles y poder vender la mercancía a menor coste.
La Guardia Civil considera que mediante este método habrían obtenido más de dos millones de euros, aunque el total de lo defraudado está aún por determinar.
Las investigaciones se iniciaron tras cometerse un delito de estafa y falsedad documental cuyo origen estaba en una empresa ubicada en La Puebla de Almenara (Cuenca).
La organización estaba perfectamente estructurada y jerarquizada: utilizaba hasta 25 empresas 'pantalla' al frente de las cuales ponían a un testaferro como administrador, a cambio de una compensación económica, ya que los jefes de la organización eran terceras personas.
Una vez que los agentes supieron quiénes estaban al frente de la organización detuvieron a uno de los cabecillas y a dos personas receptadoras, y posteriormente detuvieron a 32 integrantes de la red e imputaron a 15 más en las provincias de A Coruña, Alicante, Badajoz, Burgos, Córdoba, Madrid, Murcia, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
En total se han practicado nueve registros en Santa Pola (Alicante), Ciempozuelos (Madrid) y en Talavera de la Reina (Toledo).
A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, receptación, delitos societarios, falsificación de documentos y pertenencia a banda criminal.
Se han esclarecido 126 estafas en empresas de las provincias de A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza.
Además, se ha intervenido abundante documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles, un vehículo, bebidas, embutidos y aceites.
Los detenidos fueron puestos inicialmente a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Tarancón (Cuenca) aunque se ha hecho cargo de las mismas la Audiencia Nacional.
En la operación han intervenido agentes de la Policía Judicial de Cuenca, Murcia, Tarancón, Talavera de la Reina y Santa Pola y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Villamayor de Santiago (Cuenca).
Según confirmó a Efe la Guardia Civil, de las empresas afectadas, tres están en la provincia de Lugo, cuatro en la de A Coruña, una en la de Ourense y otras tres en la de Pontevedra.
Los estafadores simulaban ser empresarios de un determinado sector y realizaban pequeños pedidos que pagaban de forma puntual para ganarse la confianza del proveedor.
A continuación realizaban un pedido superior, que ya nunca abonaban, y vendían los productos adquiridos a un precio inferior al del mercado.
Estipulaban unas condiciones de pago 30, 60 ó 90 días con el fin de disponer de tiempo suficiente para estafar al mayor número de empresas posibles y poder vender la mercancía a menor coste.
La Guardia Civil considera que mediante este método habrían obtenido más de dos millones de euros, aunque el total de lo defraudado está aún por determinar.
Las investigaciones se iniciaron tras cometerse un delito de estafa y falsedad documental cuyo origen estaba en una empresa ubicada en La Puebla de Almenara (Cuenca).
La organización estaba perfectamente estructurada y jerarquizada: utilizaba hasta 25 empresas 'pantalla' al frente de las cuales ponían a un testaferro como administrador, a cambio de una compensación económica, ya que los jefes de la organización eran terceras personas.
Una vez que los agentes supieron quiénes estaban al frente de la organización detuvieron a uno de los cabecillas y a dos personas receptadoras, y posteriormente detuvieron a 32 integrantes de la red e imputaron a 15 más en las provincias de A Coruña, Alicante, Badajoz, Burgos, Córdoba, Madrid, Murcia, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.
En total se han practicado nueve registros en Santa Pola (Alicante), Ciempozuelos (Madrid) y en Talavera de la Reina (Toledo).
A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, receptación, delitos societarios, falsificación de documentos y pertenencia a banda criminal.
Se han esclarecido 126 estafas en empresas de las provincias de A Coruña, Álava, Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza.
Además, se ha intervenido abundante documentación, equipos informáticos, teléfonos móviles, un vehículo, bebidas, embutidos y aceites.
Los detenidos fueron puestos inicialmente a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Tarancón (Cuenca) aunque se ha hecho cargo de las mismas la Audiencia Nacional.
En la operación han intervenido agentes de la Policía Judicial de Cuenca, Murcia, Tarancón, Talavera de la Reina y Santa Pola y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Villamayor de Santiago (Cuenca).
