Los arrestos por los incidentes del 10 de junio se produjeron en Santiago, A Coruña y Ourense
Las nueve personas detenidas en relación a los hechos ocurridos en la primera manifestación en protesta por el desalojo y tapiado de un local "okupado" en Santiago de Compostela quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial en la tarde de ayer. Según informaron fuentes judiciales, tras comparecer ante el juez en A Coruña, las dos mujeres detenidas en la ciudad herculina quedaron en libertad investigadas por un delito de atentado contra la autoridad. Ahora el caso será asumido por los juzgados de Santiago de Compostela.
Por su parte, las siete personas restantes, los dos detenidos en Ourense y los cinco arrestados en Santiago, también quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega, que estaba en funciones de guardia. A todos ellos se les investiga por un delito contra el orden público.
Fuentes policiales explicaron que las detenciones están relacionadas con la protesta que tuvo lugar el pasado 30 mayo, jornada en la que, según recordaron estas fuentes, "varios policías fueron lesionados, se registraron desórdenes públicos y hubo daños al mobiliario urbano. La operación por la que fueron detenidas estas nueve personas continúa abierta y se desarrolla en distintas ciudades de Galicia, por lo que las autoridades no descartan nuevas detenciones.
De hecho, a raíz de los hechos acontecidos en la capital gallega, la Policía Nacional procedió a analizar las imágenes de altercados en el marco de las investigaciones abiertas al respecto. Estas detenciones se producen después de la tercera manifestación desarrollada en Santiago de Compostela el pasado 10 de junio a raíz del desalojo y tapiado del edificio "okupado" en el casco histórico compostelano el 30 de mayo.
En concreto, la marcha del sábado 10 de junio contra el desalojo del edificio "okupado" por el colectivo Escárnio e Maldizer se saldó con cargas policiales, dos detenidos y cientos de identificados después de que parte de los manifestantes accediesen al recinto donde se había ubicado el Colegio Manuel Peleteiro, sin uso en la actualidad. En la misma jornada del 30 de mayo, cuando los agentes de la Policía Nacional desalojaron el centro sociaal autogestionado y se procedió posteriormente a su tapiado por orden judicial, se llevó a cabo una movilización que concluyó con una detención y varias cargas policiales. A esta le siguió una manifestación al día siguiente que finalizó sin incidentes.
Propuesta popular
Para poner fin a este tipo de ocupaciones ilegales de inmuebles, el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy, dio cuenta el pasado lunes de la reunión mantenida por su grupo para preparar la sesión plenaria de esta semana, en la que los populares presentarán una proposición no de ley que reclama que los desalojos de viviendas "okupadas" sean tratados a través de juicios rápidos. En rueda de prensa, Puy explicó que el objetivo de esta proposición es "reducir las molestias" a los propietarios de las viviendas con el objetivo de evitar que la dilatación de los procesos judiciales beneficie a las "mafias" y a las "personas interesadas" en estas actividades. Para ello, los populares reclaman una modificación en el Código Penal que contemple este tipo de juicios rápidos, de forma que se dé un trato adecuado a la situación de "usurpación de viviendas" que existe en la actualidad por parte de personas "que aprovechan la tardanza judicial para hacer negocio a costa de personas necesitadas". n
