La convocatoria pretendía mostrar el rechazo a la privatización de la que acusan a la Xunta
n n n Alrededor de un millar de personas participó ayer en la manifestación convocada en Santiago de Compostela por la Organización Gallega de Comunidades de Montes (OrgaCCMM) para la defensa del monte vecinal mancomunado. La marcha, encabezada por una pancarta con el lema "Por un plan forestal para un medio rural vivo" partió poco después del mediodía de la estación de tren de la capital gallega, desde donde recorrió varias de las principales calles del centro de la ciudad hasta introducirse en el casco histórico.
Por el camino, los manifestantes entonaron consignas en contra de la Xunta y de sus intenciones -según afirman- de privatizar los montes de este tipo de propiedad con sus reformas legales. "No, no, no a la privatización" fue uno de los cánticos más repetidos, así como "No al robo del monte vecinal", "Xunta, atiende, Galicia no se vende" o "Partido Popular, enemigo del rural".
Asimismo, en la protesta se vieron también pancartas con lemas críticos con la gestión del Gobierno gallego en cuanto a sus políticas forestales, al que acusan de fomentar la despoblación del medio rural y de la proliferación de los incendios.
La marcha terminó cerca de una hora después en la céntrica plaza de A Quintana, donde la organización procedió a la lectura de un manifiesto con sus principales reclamaciones.
Previamente, el presidente de la OrgaCCMM, Xosé Alfredo Pereira, había detallado estos motivos en sus declaraciones antes de la salida de la marcha. Pereira, alertó de que la introducción de modificaciones de la Ley gallega de Montes Vecinales a través de la de Acompañamiento de los Presupuestos abre la puerta a la "privatización" de la gestión de los montes en mano común y su posterior cambio de "titularidad" a la empresa.
“PRIVATIZACIÓN" DEL MONTE
Así, apuntó que, con esta nueva normativa, la Consellería do Medio Rural se convierte en "juez y parte" y podrá declarar el monte vecinal "en estado de abandono" por razones "burocráticas y administrativas", como que una comunidad "no elija en tiempo y forma" sus representantes o incumpla "alguno de los preceptos" de la ley de incendios. "Lo importante es sacar el monte de las manos de los vecinos", apostillaba.
A continuación, señaló que la declaración de monte en estado de abandono "no se va a basar en cuestiones de fondo" y lamentó que Galicia se convierta "en el primer país del mundo civilizado" en el que el incumplimiento de una ley acarrea la imposición de una sanción y la "pérdida de la tierra" en un corto período de tiempo. De este modo, continuó, una vez sea declarado en estado de abandono, el monte puede ser alquilado a una empresa privada "por 50 años", tiempo que, para Pereira, haría que "se pierda la memoria de que aquel lugar en algún momento fue vecinal". Esta realidad tendría "el agravante" de que, si la comunidad fuese capaz de subsanar los "defectos" burocráticos, "no podrían gestionar" esas tierras hasta que concluyese la concesión de gestión a la empresa en cuestión, explicó. n
