Horas después del arranque de una nueva reunión entre el comité de huelga de los trabajadores de justicia y los representantes de la Xunta, ambas partes reconocen que la negociación está bloqueada y se han levantado en un receso para comer antes de volver a verse para tratar de desatascar un conflicto que ha derivado en la primera huelga indefinida del sector en la comunidad.
Las expectativas, en todo caso, son poco halagüeñas por el momento. "Cero avances", ha reconocido Óscar Freixedo (CIG), quien ha ejercido como portavoz, y ha urgido, en declaraciones a los medios, un "cambio de interlocutor" por parte de la Administración gallega que pueda desatascar el diálogo.
Y es que, de nuevo este martes, los directores xerais de Xustiza, Juan José Martín, y Función Pública, José María Barreiro, han encabezado la delegación del Gobierno gallego para negociar, aunque los sindicatos, a los que este martes ha respaldado con su presencia Luís Villares (En Marea), llevan días pidiendo que se ponga al frente el vicepresidente, Alfonso Rueda.
Barreiro ha sido objeto de críticas por las "perlas" que, en palabras de Freixedo, dirigió a los sindicalistas en la pasada jornada de negociación, que concluyó sin acuerdo después de nueve horas. Sostienen que el director xeral de Función Pública les instó a concursar fuera de Galicia si no estaban "a gusto" con sus condiciones y que les dijo que eran "privilegiados".
Enfrente, los representantes de la Xunta se han quejado de que determinadas afirmaciones se hayan "sacado de contexto" y, además de reivindicar que el director xeral de Función Pública esté en la negociación, dada su competencia en relación a los empleados públicos, han esgrimido que son ellos los que fueron objeto de "descalificaciones".
"Por lo que sé, sea lo que sea, el director xeral de Función Pública preside la mesa de negociación de los empleados de la comunidad autónoma y preside también la mesa cuando se aprueban los presupuestos para todos los sectores", ha replicado Barreiro, quien ha señalado que los representantes de la Xunta, ante "faltas de respeto", son los que han tenido que pedir "educación y corrección muchas veces".
"SIMULACRO DE NEGOCIACIÓN" Y "PIMPÓN DIALÉCTICO"
Además, han acusado a los sindicatos de estar protagonizando "un simulacro de negociación", con la petición continua de "más documentación", mientras siguen "enrocados" en el incremento retributivo (el comité de huelga pide la subida lineal para todos los cuerpos de 225 euros al mes en tres anualidades, a empezar a aplicar desde este 2018).
"No se quiere hablar de las mejoras en los juzgados de violencia de género o de otras en los permisos de maternidad y paternidad", ha lamentado Martín, quien ha incidido en que la subida que piden los sindicatos supondría un incremento del 13 por ciento sobre sus emolumentos y que "podría llegar al 21 por ciento" si se materializa el aumento que se baraja en el ámbito estatal para todos los empleados públicos (de hasta el 8 por ciento).
El Ejecutivo autonómico, que sí ha puesto sobre la mesa algunos cambios de otro tipo en la propuesta presentada este lunes, mantiene que no subirá de nuevo la oferta económica que quedó sobre la mesa la semana pasada: entre 816 y 1.080 euros más al año (según el cuerpo: auxilios, gestores o tramitadores) a aplicar en dos anualidades, 2019 y 2020.
Aunque los sindicatos lo niegan, el director xeral de Xustiza ha defendido que los puntos relativos a la amortización de plazas, consolidación de empleo y sustitución de compañeros de rango superior están "canalizados" hacia "el acuerdo".
En cuanto a las bajas por incapacidad temporal, la Xunta recuerda que se trasladará a Galicia el acuerdo que se adopte en el ámbito estatal, donde "se va a modificar" la normativa, ha dado por hecho Martín. "Pero estamos, si se me permite, en una especie de pimpón dialéctico. Ellos pidiéndonos más documentación para no avanzar. Y nosotros lo que les decimos es que queremos que acabe la huelga y llegar a un acuerdo", ha resumido.
También ha esgrimido que, para otras cuestiones, como trabajar en dónde se van a plantear las 36 plazas que la Administración ofrece crear y que se sacarían a concurso, es necesario que "primero" se vuelva "a la normalidad" de los órganos judiciales en Galicia.
MÉDICOS FORENSES
Como novedad, en las últimas horas se ha hecho público un nuevo colectivo al que la Xunta también está dispuesta a incrementar su retribución: los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).
Se trata de funcionarios en similares condiciones que el resto de cuerpos que están en huelga, ya que son trabajadores ligados al Ministerio de Justicia, pero también los gestiona la Xunta al estar transferida la competencia. A este colectivo, el Ejecutivo autonómico le oferta una subida de 100 euros al mes más en dos anualidades --50 euros en 2019 y otros 50 en 2020--.
Fuentes sindicales sostienen que, desde el principio, tuvieron en cuenta este colectivo, aunque la Xunta no. La versión de la Administración es otra: defienden que estos trabajadores ya estaban en su "presupuesto" y que son los sindicatos los que lo habían obviado.
"A los forenses siempre se les incluyó, pero ellos nunca lo demandaron hasta este martes. Los forenses no tienen un complemento autonómico transitorio como tal, ya tienen una relación de puestos de trabajo y en su caso hablamos de un complemento específico", ha explicado Martín, antes de precisar que, por su responsabilidad, su subida sería superior a la de los gestores judiciales.
"SEGUIMOS AL PIE DEL CAÑÓN"
Pese a la falta de avances evidente, los sindicatos han advertido, a través de Óscar Freixedo, que siguen "al pie del cañón", pero han vuelto a censurar la "pasividad" de la Xunta, a la que ha acusado de "meter la cabeza en el agujero". "Lo único que hacen es subir al despacho a bajar de vez en cuando algún papelito que ya tenía que estar sobre la mesa", ha esgrimido.
"No están dando la cara, el señor Barreiro sigue soltando perlas y cómo están abordando la negociación... la postura de la Xunta nos parece patética", ha aseverado el representante sindical, quien, preguntado por las críticas de "descontextualización", ha recordado que el comité de huelga invitó a los periodistas a presenciar la negociación.
"No tenemos nada que ocultar", ha defendido, antes de concluir que, pese a lo que defiende el Gobierno gallego, "el principal obstáculo son los cinco puntos de la negociación".
