El Parlamento comenzará a tramitar el miércoles la petición de transferencia de la AP-9, una iniciativa legislativa suscrita por las cuatro fuerzas con asiento en el Pazo de Hórreo que confían en poder remitir a Madrid, para su debate en el Congreso, en el mes de mayo.
De ello dieron cuenta en sendas ruedas de prensa el martes, después de que la líder del BNG, Ana Pontón, volviese a poner sobre la mesa las deficiencias de la empresa concesionaria de la infraestructura.
"Es fundamental conseguir el traspaso para frenar la gestión abusiva, chulesca y prepotente de Audasa", defendió, crítica con que "el resultado" de la comisión conjunta de Fomento y la Xunta es "más atascos y más subidas de peajes".
Por su parte, el representante del PSdeG en la Cámara gallega, Xoaquín Fernández Leiceaga, dejó claro que no admitirá "ningún retraso" en la tramitación de esta norma y se mostró "a favor" de cumplir los requisitos marcados "con total rapidez".
También consciente de que la comisión Xunta-Fomento para supervisar el funcionamiento de la mencionada autopista "no produce ningún resultado", hizo votos por que el traspaso de la vía se haga "en las mejores condiciones financieras" para así "mejorar" el actual sistema de peajes.
A renglón seguido, Luís Villares (En Marea) apoyó que los trámites, que comienzan con la designación de la ponencia que elaborará el informe sobre la proposición de ley que se remitirá a Madrid, se hagan "de la forma más ágil posible".
EL CONGRESO DECIDE SUS TIEMPOS
Finalmente, desde las filas populares, Pedro Puy convino que los plazos "se pueden acortar", por ejemplo, en lo relativo a los plazos de enmiendas, pues el texto es fruto de un acuerdo de base de todas las fuerzas políticas.
No obstante, llamó a no perder de vista que la voluntad de los grupos por acelerar los trámites parlamentarios no guarda relación con el debate de la norma en las Cortes, toda vez que el Congreso fija sus propios calendarios de trabajo.
La propuesta normativa que los grupos esperan tener lista en mayo para su remisión a la Cámara baja es la reedición de un texto anterior que fue vetado por el Gobierno en diciembre alegando justificaciones económicas.
