El presidente del Parlamento recibe el informe de actuaciones del Valedor do Pobo durante 2016
La valedora do pobo, Milagros Otero, destacó ayer el aumento de quejas recibidas el año pasado, entre ellas de los sistema de salud, educación y empleo público, y atribuyó esa situación a las consecuencias de la crisis.
Otero entregó al presidente del Parlamento de Galicia, el ourensano Miguel Santalices, el informe relativo a la actividad de esa institución de mediación entre los ciudadanos y los poderes públicos y a continuación explicó algunas de sus preocupaciones.
Así, cifró en 74.927 personas que presentaron quejas en 2016 ante el Valedor, subrayó que eso supone 25.418 más que el año anterior y atribuyó esa circunstancia a que "la crisis económica produce más problemas", especialmente en los servicios que ofrece las administraciones públicas ante la reducción de sus recursos.
Otero consideró "necesario mejorar los problemas de las listas de espera" de pacientes que aguarden una intervención quirúrgica o una consulta con especialistas médicos, así como las cuestiones de "organización" por parte de los centros públicos a los que pide "utilizar criterios de priorización claros y transparentes". La valedora exhortó además a que los responsables de salud pública a ofrecer "información clara y veraz cuando se produzca la necesaria reorganización de centros y servicios asistenciales". Asimismo, alertó de la "necesidad de preservar las prestaciones básicas de los ciudadanos, que no son culpables de ningunas de las circunstancias o medidas" de la Administración y advirtió de que "no deben repercutir" sobre los pacientes las "consecuencias negativas" de la crisis económica.
contratación y empleo
La valedora dijo también estar "muy preocupada del aumento de personas en exclusión o con riesgo de exclusión social" ya que observó un "aumento desde el comienzo de la crisis".
Acerca de los procesos de contratación de empleo público, apuntó que hay mayor número de contrataciones y, como consecuencia de ello, más quejas de los candidatos sobre su evaluación y puntuación.
El informe del Valedor refleja que el consistorio con más quejas es Vigo, con 216. La Diputación de Pontevedra computó 44 frente a las 13 de la de A Coruña, 9 en la de Ourense y 5 en la de Lugo. De las principales ciudades, tras Vigo se sitúa el Ayuntamiento de Santiago en número de quejas, con 54; A Coruña recibió 39; Pontevedra, 22; Ourense, 18; Ferrol, 16; y Lugo, 14. En la provincia lucense, destaca el caso del Consistorio de Sarria, con 127 quejas.
Desde una perspectiva genérica territorial (total de quejas que atañen a todas las administraciones), Vigo es el municipio en el que se presentaron un mayor número de denuncias (50.469), seguida de Santiago de Compostela (11.498) y A Coruña (837).
La valedora indicó que ha recibido también 19 quejas de municipios por no facilitar información a los miembros de la oposición y exhortó a que los ayuntamientos tomen "conciencia democrática" para "evitar los abusos". Además, lamentó la actitud de muchas instituciones públicas de no responder a los ciudadanos y recurrir al "silencio administrativo".
Indicó haber llevado a cabo gestiones con las entidades bancarias para acabar con practicas "abusivas" tales como la "cesión de créditos a sociedades gestoras" conocidas coloquialmente como "fondos buitre" y para evitar desahucios.
También invitó a la Administración pública a prestar más atención a pensionistas gallegos que no reciben pensiones pese a haber ejercido a en Venezuela o Noruega.
Apuntó la necesidad de proteger los casos "mas dolorosos" de mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales, desempleados, enfermos con discapacidad, jóvenes, personas mayores o el colectivo de LGTBI, a los que les "resulta más difícil defenderse" o que son "presa fácil para los depredadores de derechos".
