Los policías atribuyen a Rafael Bugallo la dirección del desembarco en Galicia de 3.500 kilos de coca
Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional señalaron a Rafael Bugallo, más conocido como "O Mulo", como el cabecilla de la red de narcotraficantes que se juzga en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra. En el marco de la quinta sesión del juicio, el agente de la Policía Nacional que coordinaba el seguimiento del grupo situó al vilanovés, de 60 años, como el encargado de dar "las últimas instrucciones" a Luis Fajardo, José Antonio Búa y Fernando Prado para llevar a cabo los preparativos de la descarga de 3.500 kilos de cocaína que se recogieron en alta mar a bordo de una lancha que terminó quemada en A Lanzada.
"Era el que daba la última palabra", indicó el agente, atendiendo a las deducciones fruto de la investigación realizada durante el año 2008 en la que no se pudo esclarecer quién encargaba la droga a los colombianos. El coordinador policial de la operación señaló que era Fernando Prado Rey, a quien "O Mulo" acusó en la segunda sesión de haberle amenazado en la sala, quien se encargaba de contactar con "El Ratonero", el barco que iba a suministrar la gasolina en alta mar, señalando que en la planeadora que realizó la operación viajaba Luis Fajardo.
También relacionó a los hijos de la pareja de "O Mulo" con los hechos, señalando que realizaban labores de vigilancia y acudían a algunas reuniones, supuestamente para intimidar. El testigo indicó que las dos naves que utilizaban los acusados, situadas en Mosteiro (Meis) y en Castrelo (Cambados), se encontraban en zonas que resultaban difíciles de vigilar para las fuerzas de seguridad.
En la jornada de ayer también declaró ante el tribunal el funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, que ofreció más detalles sobre las características de las distintas embarcaciones implicadas en esta operación. La vista oral de este macrojuicio por narcotráfico continuará el próximo jueves, día 1 de junio.
La Fiscalía pide penas de 17 y 15 años de cárcel, que en total suman los 214 años, y fija la responsabilidad civil en 22,9 millones de euros. A todos les atribuye un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de extrema gravedad, cometido mediante la utilización de buque y en el seno de una organización delictiva dedicada al narcotráfico, así como un delito de pertenencia a organización criminal.
