La Real Academia Galega (RAG) ha acordado presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el decreto del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria, al considerar que esta norma "vulnera" el derecho a la igualdad de las personas que hablan gallego.
El pleno de la RAG ha anunciado en un comunicado que ha decidido presentar este recurso contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la legalidad del citado decreto 79/2010.
Este decreto, que introduce la regulación de la enseñanza en un tercer idioma, el inglés, fue una de las medidas puestas en marcha por la Xunta la pasada legislatura y recibió muchas críticas, tanto de la oposición como de instituciones culturales y sociales, entre ellas, la RAG, que recurrieron a los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia avaló la legalidad del decreto y se pronunció en contra de dichos recursos, doctrina a la que se sumó recientemente el Tribunal Supremo.
"La Real Academia Galega se ve en la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de las personas gallegohablantes, que considera vulnerados por dicho decreto, dando así continuidad al procedimiento jurídico iniciado con la demanda presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia", alega.
El recurso de amparo que presenta ahora la Academia se fundamenta en el argumento de que la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos consagran "el derecho fundamental a la igualdad y a no sufrir discriminación por cualquier circunstancia personal".
La Carta Magna española señala que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respecto y protección".
El Estatuto gallego establece que los poderes públicos "garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán el empleo del gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento".
También cita a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, suscrita por España, así como el Título III de la Ley de Normalización Lingüística, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece que ambas lenguas oficiales deben tener una presencia suficiente para garantizar el objetivo de la igualdad.
