Los siete concejales habían acordado el pago de la defensa de otro edil imputado en la Pokemon
nnn La sección sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago, notificó ayer una sentencia en la que se absuelve a los siete exconcejales del PP de Santiago que fueron condenados a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por acordar el pago de la defensa a otro edil, Adrián Varela, imputado en la Operación Pokemon. Todos ellos dejaron el Ayuntamiento tras la condena, lo que provocó una crisis en el gobierno local que acabó convirtiendo al entonces conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, en el tercer alcalde de la capital gallega en lo que iba de mandato.
"No cabe apreciar que la decisión enjuiciada constituya la flagrante e inequívoca vulneración del ordenamiento jurídico, adoptada con conciencia del quebrantamiento del derecho en que se incurriría, que es precisa para su castigo como la infracción de prevaricación que se imputa, lo que determina la absolución de los acusados", concluye la resolución, que es firme y contra la que no cabe recurso alguno, según informó el TSXG.
Para los magistrados de la Audiencia, "el tenor literal del acuerdo podrá ser poco claro, técnicamente deficiente o contradictorio con la precisión exigible para el reconocimiento de obligaciones a cargo de fondos públicos". Sin embargo, añade que, "desde esta misma perspectiva literal que acoge la acusación no hay base suficiente para estimar ignoradas o preteridas las exigencias contenidas en el informe jurídico del secretario del ayuntamiento".
NO CONSCIENTE
La sala reconoce que el acuerdo por el que se aprobó pagar la defensa jurídica de un concejal imputado "no recoge textualmente el condicionamiento que contiene el informe jurídico". Sin embargo, entiende que, "que ello sea fruto de una consciente elaboración prevaricadora de todos o alguno de los imputados para eludir tales condicionamientos es una hipótesis que no aparece más creíble y razonable -y por ello, no es apta para enervar la presunción de inocencia- que la tesis alternativa".
Según la tesis alternativa, "como siempre había ocurrido según se dijo por todos los declarantes, al aprobarse un acuerdo se asumía también, como elemento integrador de su contenido o sentido, el informe o informes que lo acompañaban y avalaban, salvo que se expresara otra cosa". Los siete concejales del Partido Popular en Santiago de Compostela, inicialmente condenados a nueve años de inhabilitación, anunciaron su dimisión conjunta el 2 de junio de 2014 tras una reunión con la dirección autonómica del PPdeG que se prolongó durante dos horas. Entonces, y por boca de la que era la portavoz del gobierno local, María Pardo, los ediles volvieron a defender su inocencia y anunciaron que presentarían recurso ante la Audiencia de A Coruña, instancia que ahora los absuelve.
A raíz de estas dimisiones, el entonces alcalde, Ángel Currás, que también estaba imputado en la Pokemon, inició la reorganización del equipo de gobierno. Sin embargo, siete días después de ese anuncio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, impuso su decisión de que Agustín Hernández, que figuraba en el número 25 de la lista de 2011, asumiese el bastón de mando. n
