El Concello de Santiago analiza con los comerciantes el posible impacto de la reforma en la ciudad
La presidenta del Consello da Avogacía de Galicia (CAG), Nieves Santomé, dijo que el proyecto de reforma judicial es "una auténtica injusticia" en especial para las personas que tienen menos recursos. Santomé preside a los más de 6.000 abogados que ejercen en la comunidad autónoma y a los otros 4.000 que en este momento no lo hacen, pero que rechazan de forma masiva el anteproyecto de ley sobre la administración de justicia que ha presentado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
"El CAG rechazó este proyecto y defiende el sistema de partidos judiciales como estaba hasta ahora. Lo que pretende (Gallardón) es la eliminación de todos los partidos judiciales para colocar cuatro tribunales provinciales, que serían los tribunales de instancia. Desconoce la realidad de Vigo, la de Santiago o la de Ferrol, por nombrar las ciudades más numerosas", subrayó en una entrevista en la Radio Galega.
No entiende Santomé que no se tengan "en cuenta las circunstancias" a la hora de hacer una serie de propuestas que hacen que sea "una reforma totalmente desatinada y desafortunada". Recuerda que "no se escucha la opinión de los profesionales" y "en vez de hacer una ley mejor, se hace una ley peor", todo porque "el señor Gallardón tiene la mala costumbre o el defecto de no escuchar".
"La reforma aleja la justicia de los ciudadanos", subrayó la presidenta del CAG, que considera que se "encarece" el acceso a los tribunales y tiene claro que "no se puede hacer una reforma que se base en cuestiones únicamente económicas", aunque en este caso duda de que las medidas que se toman sean eficaces incluso en el aspecto presupuestario.
santiago analiza el impacto
Paralelamente, el alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, y el presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Asorey, mantuvieron ayer una reunión para analizar el impacto que pudiera tener la reforma judicial en la ciudad. Asorey manifestó todo el apoyo al consorcio santiagués ante una decisión, dijo, "con consecuencias no sólo económicas sino muchas otras".
Así, aseguró que se incrementaría el coste económico y también el tiempo de gestión, lo que podría provocar un empeoramiento del servicio prestado. n
