El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea volvió a rechazar la puesta en libertad del excomisario
El excomisario José Villarejo y su "hombre de confianza", Rafael Redondo, presuntamente facturaron más de 5,5 millones de euros a través de varias "sociedades instrumentales" que únicamente utilizaron para "canalizar capitales de presunto origen criminal" que después invertían en España y en el extranjero.
Así consta en un auto en el que el juez del caso Tándem, Diego de Egea, acordó fijar una fianza de 1 millón de euros para Redondo, al que da de plazo 7 días para abonarla, mientras que, en el caso de Villarejo, decidió mantenerle en prisión, donde se encuentra desde el pasado mes de noviembre.
El juez cree que ambos utilizaron una serie de sociedades "que no producían valor real alguno" para canalizar los ingresos que obtenían de los informes de "consultoría, inteligencia y vigilancia" que Villarejo realizaba, la mayoría de carácter personal.
"Dichas sociedades habrían facturado más de 5,5 millones de euros supuestamente por tareas de asesoramiento, consultoría e intermediación a un conjunto de empresas que tenían como denominador común que, en su mayor parte, su cifra de negocios principal provenía de la realización de informes de carácter personal que se interesaban por otras personas", señala el juez.
En el centro de la operativa se situaba el Grupo Cenyt, un entramado societario propiedad de Villarejo y con sede social en la Torre Picasso de Madrid, que se creó "con la específica finalidad de blanquear capitales fuera de España y repatriarlos" tras "varias operaciones bancarias en Uruguay o Panamá".
Para la labor de blanqueo que el juez atribuye indiciariamente a ambos, también se sirvieron de "distintos testaferros y fiduciarios" que les permitían disponer de cuentas corrientes en otros países como los ya citados. De Egea cree que Villarejo tuvo una "intervención medular" en los hechos que se investigan y por ello considera que la medida de prisión sigue siendo "absolutamente proporcionada".
