Los inmigrantes en situación irregular recuperan la atención que se les había retirado en 2012
El Gobierno va a aprobar en seis semanas un real decreto para recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y eliminar así el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que "suprimió" dicha universalidad, según informó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Vamos a devolver el derecho a la salud a todas las personas. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud", aseveró la también ministra de Educación y Formación Profesional.
El plazo marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez para devolver la universalidad al SNS son de seis semanas para llevar el nuevo real decreto al Consejo de Ministros y 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados. Se trata de una medida que los socialistas han reclamado desde que se aprobara el Real Decreto 16/2012 y que, tal y como recordó la portavoz del Ejecutivo socialista, ha sido solicitada por organismos internacionales como, por ejemplo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea e, incluso, el Defensor del Pueblo.
importante rechazo
El Real Decreto 16/2012 se aprobó durante el mandato de Ana Mato al frente de Sanidad y originó un importante rechazo entre diferentes sectores de la sociedad al retirar de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, excepto en los servicios de Urgencias y a embarazadas y menores de edad. Asimismo, el real decreto contemplaba otras medidas como, por ejemplo, el copago de medicamentos en función de la renta de cada ciudadano y fijó nuevas condiciones de uso para ser titular de una tarjeta sanitaria.
Diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, cuya Consejería de Sanidad ostentaba la actual ministra del ramo, Carmen Montón, aprobaron diversas medidas para atender en la sanidad pública a "todas" las personas, con independencia de su situación administrativa. "Todas las comunidades están actuando para solucionar los problemas que este real decreto han planteado, excepto Ceuta y Melilla, y con el nuevo real decreto, que va a tardar en venir, vamos a un procedimiento regulado para devolver el derecho a la salud a todas las personas", señaló Celaá, para asegurar que la medida se ha adoptado por "decencia política".
Por ello, la portavoz aseguró que no habrá "ninguna comunidad autónoma" que vaya a incumplir el real decreto que va a elaborar el actual Gobierno porque, tal y como ha señalado, incluso autonomías que seguían sin atender a los inmigrantes se sentían "muy incómodas" con la situación, por lo que "seguro" que cumplirán con la normativa de los socialistas "en todos sus términos".
Satisfacción entre los colectivos médicos y las entidades sociales
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos expresó ayer su satisfacción por el "retorno de la universalidad a la sanidad pública", tras el anuncio del Gobierno, que iniciará un proceso de diálogo para derogar la reforma sanitaria. En un comunicado, el órgano representante de los médicos destacó que desde la entrada en vigor de este Real Decreto hace seis años, criticó dicha normativa y mostró su rechazo al cambio de modelo sanitario impuesto por la misma.
A su juicio, se trata de unas "medidas restrictivas" que han afectado tanto a usuarios como a profesionales y han alterado la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) imponiendo nuevas condiciones para ser titular de una tarjeta sanitaria, así como el copago de medicamentos en función de la renta, entre otras.
Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública aplaudió la decisión del Gobierno de acabar con la "exclusión sanitaria" aprobada en 2012 por el PP, porque hace a España "un país mejor". En un comunicado, considera que existen razones "humanitarias, de justicia, de organización sanitaria, de salud pública e incluso económicas" para revocar el real decreto de la reforma sanitaria, que dejó a 800.00 inmigrantes sin tarjeta sanitaria.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, señaló que el de ayer era "un buen día" al volver a restituir el principio de que la sanidad sea un bien publico universal al alcance de los españoles y de los que residen sin ser españoles.
