El juez Serrano-Arnal deja libre al exvicepresidente del Gobierno, pero imputado y sin pasaporte
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declaró ayer que es la persona "más interesada" en que se esclarezcan los hechos que investiga la Justicia en relación con los ingresos que ha obtenido en los últimos años y el origen de su fortuna. Después de comparecer por la mañana durante más de tres horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, Rato anunció que remitirá al magistrado informes periciales para que quede constancia "de manera fehaciente" que todos los bienes que ha tenido en el extranjero "tienen origen familiar" y fueron declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española.
Además, con estos informes pretende dejar claro que "todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales" e igualmente fueron declaradas a la Agencia Tributaria que, sin embargo asegura ignorar la procedencia de 6,5 millones de euros.
El también exministro de Economía y exdirector-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quedó en libertad tras su declaración ante Serrano-Arnal, que decretó que debe comparecer una vez al mes en las dependencias judiciales y ordenó la retirada de su pasaporte, informaron fuentes jurídicas. Además, el juez citó a declarar a partir de hoy a 16 personas en calidad de testigos.
delitos imputados
Rato compareció ante el magistrado, que le investiga por la presunta comisión de delitos fiscales, de blanqueo de capitales y corrupción de particulares después de ser interrogado, la pasada semana, por la Guardia Civil durante más de cuatro horas. Serrano-Arnal atendió la petición de la Fiscalía Anticorrupción que reclamó como única medida cautelar las citadas comparecencias periódicas y la prohibición de abandonar el territorio de la UE.
Queda así, en situación similar a la de su secretaria Teresa Arellano y el supuesto testaferro Miguel Ángel Montero que declararon ante el juez la pasada semana. Ambos conservaron, no obstante, sus pasaportes.
La causa afecta, por el momento, a nueve imputados. Además de Rato, Arellano y Montero, el juez atribuye los mismos tres delitos a otro de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo -el único que ha sido enviado a prisión-, y su socio y abogado Domingo Plaza. Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades.
La investigación quedó dividida en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el presunto testaferro Domingo Plaza. Esta sociedad de escasa actividad, comenzó en 2011 a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones.
Esta la segunda línea aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato, Zenith y Publicis, que pagaron comisiones por 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su exmujer, Ángeles Alarcó, la compañía Bagerpleta, propietaria de un hotel en Berlín.
Bagerpleta encabeza la tercera línea. El juez asegura que recibió también un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda".
