El Govern recurre ante el TC y el Supremo los controles del Estado al Fondo de Liquidez Autonómica
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró en una cena el lunes en Madrid que el Govern ya dispone de las urnas que deben servir para el referéndum del 1 de octubre y que la ley catalana para ampararlo será registrada esta misma semana en el Parlament, según informa el diario Ara.
En la cena estuvieron presentes, además de Puigdemont, el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, el escritor Suso de Toro y el politólogo Ramon Cotarelo, además del delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell, y el secretario general del Diplocat, Albert Royo.
Fuentes de la Generalitat no han confirmado que se disponga ya de las urnas del referéndum, aunque insisten en que el Govern sí sabe qué caminos se pueden seguir para adquirirlas y han garantizado que el 1 de octubre "habrá urnas".
Públicamente, tanto el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, como el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, evitaron en rueda de prensa desvelar en qué fase se encuentra el proceso de compra de urnas y reiteraron que informarán solo cuando se haya "completado el itinerario", al tiempo que han incidido en que lo importante es "trabajar para que se llenen de votos" el 1 de octubre.
La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Mertixell Borràs, confirmó ayer que el proceso de compra de papeletas y sobres iniciado por el Govern tiene como objetivo asegurar el suministro para la celebración de "elecciones en el Parlament de Cataluña".
Recursos económicos
Por su parte el gobierno de la Generalitat anunció un doble recurso ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional (TC), contra los nuevos controles estatales al acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y avanzó que no facilitará al Gobierno central la lista de funcionarios que reclama.
El pasado viernes, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy anunció que comprobará semanalmente que la Generalitat no financia el referéndum del 1 de octubre con dinero público, de modo que suspenderá las entregas del FLA si corrobora que eso ocurre.
En respuesta a esta advertencia, el Govern decidió ayer acudir a la justicia para hacer frente a una medida que "amenaza a la parte más débil de la sociedad" catalana, ya que una suspensión del FLA afectaría a "proveedores que ofrecen servicios sociales". Así lo afirmó el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, que instó al Ejecutivo a actuar con la "máxima responsabilidad".
Junqueras, además, avisó de que no facilitará al Gobierno central la lista de trabajadores públicos que certifican las finanzas de la Generalitat, pues son "los miembros del Govern" los que certificarán cualquier petición de información. Asimismo, el Govern acordó garantizar el derecho de defensa de los consellers, los altos cargos y los empleados públicos de la Generalitat que, por cumplir acuerdos del ejecutivo catalán, se enfrenten a procedimientos judiciales derivados del proceso soberanista.
