Velasco también ha decretado prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velaco ha decretado hoy prisión incondicional sin fianza para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y para el considerado "conseguidor" de contratos públicos de la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, han informado fuentes jurídicas.
Velasco también ha decretado prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, administrador de Waiter Music, para el que la fiscal anticorrupción Carmen García había pedido, igual que para los otros dos, prisión incondicional.
Según el auto de prisión, el presidente de la Diputación de León habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro, en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".
Además, añade Velasco, Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".
Por el momento, han ido a prisión los tres primeros detenidos en declarar hoy ante el juez, que a lo largo de esta jornada tiene previsto interrogar a los últimos 17 detenidos que quedaban por ser puestos a disposición judicial, entre los que se encuentran los presuntos cabecillas de la trama, el exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio, David Marjaliza.
Además, la Fiscalía Anticorrupción prevé también pedir hoy prisión incondicional para Granados y otros supuestos cerebros de la trama de corrupción, entre ellos Marjaliza.
Según han informado fuentes jurídicas, el planteamiento inicial del ministerio público con los principales acusados es pedir contra ellos la medida cautelar más grave debido a su mayor implicación en los hechos, aunque la decisión definitiva dependerá del transcurso de la declaración judicial.
