Los alcaldes de Torrejón de Velasco (PP) y de Parla (PSOE), libres tras abonar las fianzas de 60.000 euros impuestas por el juez
nnn El juez Eloy Velasco envió ayer a prisión sin fianza al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a uno de los supuestos cabecillas y "conseguidor" de contratos públicos de la trama de corrupción municipal y regional destapada en la Operación Púnica, Alejandro de Pedro Llorca. Velasco decretó también prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, en un día en el que fueron excarcelados los alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas, y de Parla, Jose María Fraile (PSOE), tras pagar las fianzas de 60.000 euros que ayer les impuso el juez.
Velasco tenía previsto tomar declaración ayer a otras doce personas, entre ellas el alcalde de Valdemoro (PP), José Carlos Boza, hasta un total de quince arrestados. El pasado miércoles hizo lo propio con doce detenidos. Entre los que habían declarado hasta última hora de ayer se encontraban el excalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso, quien según su defensa iba a quedar en libertad, así como el arquitecto municipal y el concejal de Hacienda del municipio madrileño de Valdemoro, José Luis Navarro y José Javier Hernández, respectivamente.
granados y marjaliza
Quienes no acudieron a declarar ayer a la Audiencia Nacional son dos de los principales imputados en la trama, el exconsejero madrileño y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, así como su socio David Marjaliza, que pasarán finalmente hoy a disposición judicial. Las mujeres deambos presentaron en la noche de ayer dos habeas corpus en los Juzgados de Majadahonda y Colmenar Viejo para solicitar "su inmediata puesta en libertad" al considerar ilegal la prórroga de sus detenciones decretada por el juez de la Audiencia Nacional .
Según el auto dictado ayer por el juez, Marcos Martínez habría puesto en marcha procedimientos de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación".
Martínez, añade, "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".
En relación a De Pedro, el juez le sitúa como "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo" al de Marjaliza. Según el auto, quedó acreditado que De Pedro "presta servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares". n
