Los cambios propuestos por Podemos y Ciudadanos restarían escaños a su oponentes políticos
Ciudadanos y Podemos, con sus prisas por acelerar la reforma electoral, han desenterrado otra vez un debate siempre abierto: el de las reglas del juego que deben aplicarse para repartir los escaños según el resultado que arrojen las urnas. Unas reglas que hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar.
Durante décadas PP y PSOE se han opuesto a cualquier reforma de la legislación electoral que pusiera en peligro el bipartidismo y la alternancia en la que convivían cómodos. La irrupción de Podemos y Ciudadanos en el escenario político y parlamentario rompió ese bipartidismo, lo que llevaba a pensar que la reforma pendiente se abriría paso, aunque hoy ya no parece que vaya a ser así dados los recelos del PP y PSOE. No sólo ellos, también los nacionalistas han rechazado hasta ahora un cambio electoral que les haga perder peso en el Parlamento.
La ley electoral española, oficialmente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), data de 1985, aunque ha sufrido ligeras modificaciones, la de mayor calado en 2011. Su reforma para lograr una mayor proporcionalidad es una vieja reivindicación de IU, partido que históricamente ha sido el más perjudicado por el sistema, igual que lo fue durante años UPyD.
teóricamente proporcional
El modelo español es teóricamente proporcional, pero se aplica con una circunscripción provincial que genera incluso efectos adversos. Beneficia a las grandes mayorías y castiga a los partidos pequeños de ámbito nacional, como IU, al tiempo que premia a los nacionalistas y a los partidos de ámbito más local.
El sistema electoral establece que cada provincia tenga un mínimo de dos diputados -Ceuta y Melilla sólo uno- y que después se le vayan sumando escaños proporcionalmente a su población hasta completar los 350 asientos del Congreso. A modo de ejemplo, un voto de Soria o de Teruel tiene mucho más peso en el Congreso que el sufragio de un madrileño o de un barcelonés. Para obtener escaño por Soria hacen falta menos de 20.000 votos, pero para sacar ese mismo diputado por Madrid hay que reunir casi 100.000, los que tuvo que conseguir Ciudadanos en las últimas elecciones por cada escaño madrileño.
El sistema, por tanto, favorece a los partidos con más apoyos en zonas poco pobladas y perjudica a los que basan su implantación en los grandes núcleos, como Ciudadanos. Los partidos minoritarios sólo tienen posibilidades de salir elegidos en las circunscripciones más grandes, a excepción de los partidos nacionalistas o de ámbito local, que concentran todos sus votos en muy pocas provincias.
Además, para la asignación de los escaños en España no se tienen en cuenta las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3 por ciento de los votos válidos. Y toda esa mezcla provoca paradojas como que el PNV tenga hoy cinco diputados y grupo parlamentario propio, mientras que el Partido Animalista (Pacma) con los mismos votos (286.000) se quedó fuera del Congreso.
El método que se utiliza en España para la atribución de escaños es la llamada ley D'Hondt, un procedimiento matemático ideado a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor D'Hondt, que también usan países como Argentina, Francia o Finlandia. Aunque el sistema tiene una base proporcional a los votos, su cálculo unido a todos los elementos anteriores termina beneficiando igualmente a los partidos mayoritarios.
La formula D'Hondt es lo que quieren cambiar Podemos y Cs porque no requiere de una reforma constitucional y, por tanto, podría aprobarse sin el apoyo del PP. Unidos Podemos ha propuesto cambiar al método Sainte-Laguë, más proporcional, que se emplea en Alemania, Suecia o Dinamarca, y que Cs no ve con malos ojos.
La formación morada defiende que este sistema reflejaría mejor el principio de "una persona, un voto". Según sus cálculos, el gran beneficiado sería Ciudadanos, porque si se hubiera aplicado en las últimas elecciones generales el partido de Rivera hoy tendría 44 diputados en el Congreso, en lugar de 32. Podemos y sus confluencias hubieran logrado 77, en vez de 71, el PP habría bajado de 137 escaños a 132, y el PSOE de 85 a 84.
