El presidente del Gobierno pretende que la reforma constitucional sea aprobada en sesenta días
nnn Ciudadanos celebra la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para suprimir aforamientos con una reforma de la Constitución y Podemos también saluda esta iniciativa, aunque la ve insuficiente, pero el PP la considera una "cortina de humo" que beneficia a los "golpistas" catalanes. Durante un acto organizado con motivo de los primeros cien días de su Gobierno, Sánchez anunció ayer que propondrá una reforma de la Carta Magna para eliminar aforamientos con el objetivo de que sea aprobada sesenta días después del inicio de su tramitación en el Congreso, si bien sólo afectará a diputados, senadores y miembros del Ejecutivo en cuestiones ajenas al ejercicio de su cargo.
Para esta reforma, Sánchez necesitará el apoyo del PP, ya que la propia Constitución exige mayorías de tres quintos en ambas Cámaras; es decir, 210 de los 350 diputados del Congreso -cifra que podría alcanzar si sumara los 30 diputados de Cs a los 180 votos que respaldaron su moción de censura- y 160 de los 266 senadores, punto en que la propuesta se podría encontrar con un freno del PP.
Tras la reunión del comité de dirección del PP, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, afirmó que la propuesta de Sánchez es una "cortina de humo" para desviar la atención de otras cuestiones y facilitar que los "golpistas" catalanes "escapen" del Tribunal Supremo, en cumplimiento del "pacto oculto" del líder socialista para llegar a la Moncloa.
El presidente popular, Pablo Casado, aseguró que el PP "no morderá el anzuelo" de los aforamientos, aunque dijo que su partido no tiene "ningún problema" en abrir este debate, que ya recogió en su programa, pero dejó claro que si el Gobierno socialista quiere suprimirlos, que sean "todos" y no solo los que afectan a los políticos.
En julio de 2014, semanas después de la proclamación de Felipe VI, entró en vigor una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que garantizaba el aforamiento a don Juan Carlos, así como a doña Sofía, a la reina Letizia y a la princesa Leonor.
Tras el anuncio de Sánchez, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, celebró su intención de reformar la Constitución para eliminar los aforamientos y atribuyó esta propuesta a la fortaleza de su partido y, sobre todo, a la presión de la sociedad, que "está harta de privilegios". Hoy se debatirá en el Congreso una moción de Ciudadanos para suprimir los aforamientos no solo para diputados, senadores y miembros del Gobierno, sino también en el caso de parlamentarios y Ejecutivos autonómicos, si bien el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, precisó que su partido está dispuesto también a abordar el fin de la inviolabilidad del rey.
Acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado es precisamente uno de los objetivos que Podemos cree necesarios si se abre la posibilidad de una reforma de la Constitución, junto a medidas para garantizar el blindaje de los derechos sociales -sanidad, vivienda, educación-.
Cerca de 18.000 políticos cuentan con un tratamiento privilegiado
A la espera de que se pronuncie sobre el caso de Pablo Casado, el Tribunal Supremo mantiene tres causas abiertas con dirigentes políticos aforados: la de la senadora del PP Pilar Barreiro, la del diputado de Podemos Diego Cañamero y, la más compleja, la de los líderes del proceso soberanista catalán. Se debatirá también el aforamiento jueces, fiscales, miembros del Constitucional o del Tribunal de Cuentas, aunque no el del rey Juan Carlos -el rey Felipe es inviolable y no está sujeto a responsabilidad-, ni el de las reinas Sofía y Letizia y la Princesa de Asturias, entre otros.
En España hay casi 250.000 aforados: 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, varios miembros de la Familia Real y 17.603 políticos, jueces, fiscales, entre otros. Los parlamentarios autonómicos están aforados por sus respectivos estatutos de autonomía, de modo que responden ante los tribunales superiores de cada comunidad. Solo Murcia, Cantabria y Canarias tienen avanzada la supresión de los aforamientos.
Hay excepciones, como el "procés". En ese caso, el Supremo comenzó investigando a los miembros de la Mesa del Parlament pese a ser diputados autonómicos, porque el delito cometido (rebelión) afecta al conjunto del Estado, de modo que supera la competencia del TSJC. Poco después, el juez Pablo Llarena asumió la investigación sobre todos los supuestos partícipes en ese delito (aforados y no aforados) al considerar que sus acciones son "inescindibles", precisamente porque la rebelión es un delito "plurisubjetivo". n
