DESAFÍO SOBERANISTA

El plan secesionista preveía crear 14 estructuras de Estado

Un cargo del equipo de Junqueras tenía planificado lograr "datos con trascendencia tributaria" 

Junqueras, en una sala del Parlamento catalán antes de su encarcelamiento.
Junqueras, en una sala del Parlamento catalán antes de su encarcelamiento.
El plan secesionista preveía crear 14 estructuras de Estado

n n n La Generalitat de Cataluña tenía prevista la creación de 14 estructuras de Estado para la nueva República y entre ellas estaba, además de la Hacienda propia, un Ministerio del Interior, el Poder Judicial, un Banco Central, una Comisión del Mercado de Valores y hasta contemplaba la posibilidad de un Ministerio de Defensa. Pero eran conscientes de que la declaración de independencia podía llevar a la intervención de la autonomía por parte del Estado y por ello, tenían planes para el caso de que eso sucediera.
Para esa situación habían previsto en un primer momento recortes de gastos, retrasar el pago a los proveedores, cobrar impuestos a todas las empresas, emitir bonos patrióticos y no pagar al Estado. Además, querían controlar los aeropuertos, los puertos, las centrales nucleares y gestionar las aduanas.
Los documentos con todos estos planes fueron incautados por la Guardia Civil en el despacho del secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó, uno de los hombres de confianza del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, el pasado 20 de septiembre, cuando se produjo su detención y la de otros trece cargos de la Generalitat encargados de organizar el referéndum del 1 de octubre. Salvadó estaba preparando escenarios de gestión presupuestaria y de tesorería para una situación de independencia. Para ello, identificó 14 posibles estructuras de Estado, a las que tendría que dotar de presupuesto. Estos documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, están incluidos en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

organismos
La relación de estructuras de Estado que el secretario de Hacienda estaba contemplando es la siguiente: Hacienda catalana; Agencia catalana de Protección Social; Poder Judicial; Ministerio del Interior; Política Monetaria, que incluía Banco Central y Supervisor del Sistema Financiero; Comisión Nacional del Mercado de Valores; Comisión Nacional de la Competencia.
También incluía: otros organismos y estructuras exigidos por la Unión Europea; controles de los servicios de transporte aéreo, marítimo, ferroviario y carretera; abastecimiento de agua y energía; telecomunicaciones; correos; servicios de emergencia y Defensa, aunque en este último caso, el epígrafe aparece con interrogantes.
El responsable de Hacienda en Cataluña había previsto incluso cómo lograr los datos tributarios, ya que la Guardia Civil halló en su casa un dossier con la inscripción "Informe sobre la obtención de datos con trascendencia tributaria", así como el plan de "despliegue" del proyecto de la Hacienda catalana, un informe sobre la estructura organizativa de la misma y otro sobre el "Catastro de Cataluña en el momento de la desconexión".
Salvadó incluso había hecho un esquema con los asuntos que se tendrían que tratar de cara a una hipotética negociación con el Gobierno para la independencia, que incluía la distribución de "activos y pasivos" e iban desde la incorporación de personal -para lo que contaba con un borrador de decreto para transferir funcionarios del Estado a la Administración catalana-, a las infraestructuras y el reparto de la deuda hasta los recursos hidrográficos o la transmisión de datos, registros y censos.

“Escenario de guerrilla"
Pero también preveían la posible intervención de la autonomía por parte del Estado, que calificaban de "escenario de guerrilla" o "escenario de guerra" en función del alcance que tuviera el mismo, como se explica en un documento manuscrito que envió Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, a Lluís Salvadó y que fue encontrado en el despacho de este último.
En el primer caso, contemplaban que la intervención podía ser contra los máximos responsables de las instituciones catalanas pero sin suspensión total o parcial de las competencias del Gobierno catalán, aunque cortando la financiación del FLA. En este caso preveían un plan de ajuste del gasto del Gobierno catalán y la activación de medidas alternativas de financiación como bonos patrióticos o acudir al mercado internacional. Admiten que la actuación de la Generalitat se sustentaría en la capacidad de sostener su tesorería hasta diciembre y fijaban el punto crítico en julio de 2018.
Pero contemplaban medidas más duras para el caso de que se produjera el "escenario de guerra", en el que preveían que el TC iría contra los máximos responsables de las instituciones catalanas y el Gobierno asumiría el control de la autonomía, cortara el FLA y garantizara el pago de mínimos del personal. n