La oposición tacha la propuesta independentista de "cacicada" que "pisotea" los derechos democráticos
El Parlament aprobó ayer, con los votos a favor de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, una reforma del reglamento de la Cámara para permitir la aprobación exprés, por lectura única, de la ley que prevé amparar el referéndum del 1 de octubre y la ley de transitoriedad jurídica.
La propuesta del reglamento del Parlament fue aprobada con los 72 votos de JxSí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, frente a los 63 en contra del resto de grupos -Ciudadanos, el PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y el PPC-, que han arremetido contra lo que han tildado de "cacicada" que "pisotea" los derechos democráticos.
En concreto, la reforma permite que el grupo parlamentario promotor de una proposición de ley pueda pedir que sea tramitada por el procedimiento de lectura única, por lo que bastaría un único debate en sesión plenaria, si así lo acordase el pleno. La votación venía precedida de un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que por un lado avaló que la lectura única sea propuesta por un solo grupo, pero alertó de que la reforma del reglamento "omite" la exigencia de que este procedimiento se limite a casos en que la "simplicidad" de la norma lo permita, por lo que sería "contrario" a la Constitución y el Estatut.
A raíz del dictamen, JxSí presentó una enmienda, aprobada con el apoyo de la CUP y la abstención del PSC y Catalunya Sí Que Es Pot, que establece que una proposición de ley puede ser aprobada en lectura única si su "naturaleza" lo aconseja o la "simplicidad" de su formulación lo permite. La oposición en bloque esgrimió como argumento a su favor el toque de atención del Consejo de Garantías Estatutarias y alegó que una cuestión tan trascendente como las leyes para habilitar una eventual secesión no pueden aprobarse por la vía rápida.
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Gracias a la abstención de la CUP y el apoyo de toda la oposición, el PSC ha conseguido que prosperara una enmienda que, según fuentes socialistas, obliga a que, antes de ser votada en el pleno, una proposición deba ser publicada en el Boletín Oficial del Parlament y deba pasar antes por la Mesa para su admisión a trámite.
JxSí y la CUP planean registrar en el Parlament la ley del referéndum a finales de esta semana o, como muy tarde, el lunes de la semana que viene, antes de que finalice el periodo de sesiones, aunque es improbable que la Mesa se reúna para admitirla a trámite antes de la vuelta de vacaciones de verano, el 16 de agosto.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitó un dictamen urgente del Consejo de Estado sobre sobre el artículo 135.2 del Reglamento del Parlamento catalán tal como fue redactado en la modificación aprobada ayer.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que si la reforma aprobada por el Parlamento catalán para agilizar el proceso de independencia y "desconexión" del Estado incumple alguna ley, el Gobierno procederá a su "impugnación". Sin embargo, Catalá ha precisado que lo primero es "estudiarlo" por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado.
La Guardia Civil interroga a miembros del Govern por el 1-O
La Guardia Civil citó a declarar para hoy al exportavoz del comité ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena.
Elena, que declarará en la comisaría de la Guardia Civil de la Travessera de Gràcia, en Barcelona, será interrogado sobre la gestión económica y el mantenimiento de la web del Pacto Nacional por el Referéndum, una plataforma integrada por partidos, sindicatos y entidades soberanistas que recoge apoyos a favor de la celebración de una consulta de independencia en Cataluña.
La citación de Joan Ignasi Elena se ha conocido el mismo día en que la Guardia Civil investigaba al secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, ante los indicios que supuestamente lo incriminan en los preparativos del referéndum unilateral del 1 de octubre, en el marco de una causa por sedición que dirige un juez de Barcelona.
Según fuentes cercanas a la investigación, Nin fue citado a declarar ayer como testigo por la Guardia Civil, pero a lo largo de su interrogatorio los agentes apreciaron en sus respuestas indicios que podrían vincularlo a los delitos que investiga el juez por los preparativos del referéndum. Por ese motivo, la Guardia Civil detuvo el interrogatorio para comunicar al alto cargo de la Generalitat que debía seguir declarando con la condición de investigado, y por lo tanto asistido por un abogado.
Tras el interrogatorio, el secretario general abandonó la comandancia, donde también declaró como testigo Jordi Graells, director general de Atención Ciudadana de la Generalitat.
El conseller de Presidencia, Jordi Turull, anunció que denunciarán ante el juez de guardia "la grave vulneración de derechos fundamentales" que, a su juicio, se ha perpetrado en la declaración de Joaquim Nin.
