Hubo entre los colaboradores del presidente quien sugirió informar al PSOE de la iniciativa
Viene de atrás. La reforma de la Ley del Tribunal Constitucional a través de una propuesta de ley que se tramitará con carácter de urgencia, viene de muy atrás.
Cuando estaban en la oposición, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz y responsable entonces del grupo parlamentario del PP, abordaron la necesidad de esa reforma cuando la abolición del recurso previo de inconstitucionalidad permitió que algunos dirigentes políticos se tomaran las sentencias del TC a título de inventario. Rajoy pidió a Sáenz de Santamaría que preparara con su equipo una respuesta para dar entidad al TC y se le dotara de instrumentos jurídicos que obligaran al cumplimiento de sus decisiones.
La hoy vicepresidenta, con la ayuda de quien era su adjunto en el grupo parlamentario, José Luis Ayllón, hoy secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, crearon un grupo de expertos con juristas, catedráticos y constitucionalistas, que no solo aportaron sugerencias e informes sobre esa propuesta concreta relacionada con el Tribunal Constitucional, sino que desde aquellos años han seguido colaborando con Sáenz de Santamaría en distintos proyectos, y que en estos meses últimos han puesto todo su esfuerzo en esa reforma de la Ley Orgánica del 79 en la que se basa el funcionamiento del Tribunal Constitucional.
En esta etapa última del trabajo del que saldría la proposición de Ley, ha sido relevante también el papel del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y Secretario de Estado de Justicia durante el gobierno de Aznar. Sáenz de Santamaría, Catalá y Ayllón, son quienes han llevado el peso del trabajo del que tendría que salir la proposición de Ley. Ellos han coordinado el grupo de asesores y, en cierto sentido, a ellos cabe la responsabilidad, fundamentalmente a la vicepresidenta, de haber presentado la iniciativa una semana antes de que se iniciara la campaña electoral catalana, y de no haber realizado un solo intento de entablar negociaciones con la oposición para presentar esa propuesta con consenso.
¿Puso fecha Rajoy para que la presentación de la propuesta entrara en el registro en plena precampaña catalana? No. Aunque e había advertido a Soraya Sáenz de Santamaría de que la reforma tenía que ser aprobada en esta legislatura.
Hace varios meses que las relaciones entre Rajoy y Pedro Sánchez están prácticamente rotas después de un inicio que parecía prometedor, en el que por encima de las discrepancias políticas se mantenía una aceptable sintonía personal que permitía cambiar impresiones con sinceridad sobre las grandes cuestiones de Estado. Hoy sin embargo el pacto del PSOE con Podemos ha provocado una gran indignación al jefe de gobierno, más por ver a los socialistas de la mano de un partido como Podemos, que por ver a algunos de sus más importantes alcaldes y presidentes autonómicos desalojados de sus despachos de poder. Rajoy, no solo en privado, ha cambiado su discurso respecto al líder de la oposición, con el que ha roto los puentes que iban algo más allá de lo que estrictamente marcan las normas del juego democrático.
Hubo entre los colaboradores del presidente quien sugirió informar al PSOE de la iniciativa que estaba en marcha para dar más entidad y peso resolutorio al Tribunal Constitucional, pero fue desechada la idea precisamente por esa ruptura de puentes con el secretario general socialista. Quedan algunas personas del PSOE con el que existe diálogo fluido, el más importante el que se mantiene con el ex secretario general de la Presidencia con Felipe González y con Zapatero, José Enrique Serrano, con el que se negoció, por ejemplo, el Pacto de Seguridad que firmaron Rajoy y Pedro Sánchez hace unos meses. Pero ni siquiera Serrano fue informado de lo que pretendía el gobierno con la proposición de ley actual.
LOS ARGUMENTOS A FAVOR
El gobierno, y el equipo Soraya-Catalá-Ayllón, se marcaron dos objetivos muy claros respecto a la proposición de Ley.
El primero, que pudiera ser aprobado en el Congreso y el Senado en tiempo, ya que las elecciones generales se deben celebrar antes de que finalice el año. Ayllón hizo las cuentas y le salieron que había plazo para esa aprobación, que no tendría dificultades porque el PP cuenta con mayoría absoluta en Congreso y Senado.
Segundo objetivo: explicar muy bien a la opinión pública, a los votantes del PP y a los dirigentes que están en contacto directo con los votantes, qué significa esa ley y, también, como dar respuesta a los argumentos que el PP y el Gobierno sabía que utilizarían en su contra los partidos de la oposición.
consideraciones
En apenas dos folios, miembros destacados del partido han recibido unas consideraciones para comprender, y hacer comprender a quien le pregunte, por qué se presenta esa proposición de ley, y por qué ahora. Un “argumentario” redactado con más atención que los muchos que redactan los partidos, no solo el PP, para tratar de explicar sus iniciativas o para tratar de desmontar las iniciativas de los adversarios políticos.
Ese “argumentario” recoge los aspectos técnicos de la reforma, el por qué de la necesidad de presentarla ahora, por qué la falta de consenso y por qué no son necesarios los informes previos de los órganos consultivos.
Entre los más interesantes, el que indica que esta reforma permite que dar potestad al TC para controlar la ejecución de sus propias resoluciones, como ocurre en los tribunales ordinarios y sin embargo no ocurría en el Tribunal Constitucional, que copia así el modelo de países como Austria y Alemania. Respecto a la falta de consenso –evidentemente no se refiere a la tensión que existe entre Rajoy y Sánchez- se apunta que lo que habría que preguntarse es por qué el Psoe rechaza una reforma que no busca otra cosa que fortalecer las instituciones democráticas. Y por último, respecto a la falta de informe de los órganos consultivos, señala el texto que “Los informes del Consejo de Estado y del CGPJ son necesarios cuando quien presenta los proyectos es el Gobierno, pero no son preceptivos cuando los presenta un grupo parlamentario, como es el caso”.
Es evidente que el equipo que ha trabajado con la vicepresidenta no da puntadas sin hilo.
