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Llarena podría recurrir a Luxemburgo para que revise la causa de Puigdemont

El magistrado Pablo Llarena, durante un acto judicial.
photo_camera El magistrado Pablo Llarena, durante un acto judicial.

La Justicia española estudia otros escenarios tras la decisión de Alemania de extraditar al expresident solo por malversación

La decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein de extraditar a Carles Puigdemont solo por malversación abre un escenario que tanto el Supremo como la Fiscalía siempre rechazaron y que podría llevar al tribunal a no aceptar la entrega del expresident catalán y líder del "procés". Una decisión que, según la Fiscalía de Schleswig-Holstein, no se puede recurrir.
Fuentes del Tribunal Supremo informaron de que la decisión del tribunal alemán aún no fue notificada, con lo que no podrá estudiarla y pronunciarse hasta que la reciba y sea traducida. En el mismo sentido se expresó la fiscal general del Estado, María José Segarra, en unas breves declaraciones a la prensa.
Al tiempo, los abogados de Puigdemont anunciaron que recurrirán primero ante la propia Audiencia territorial y posteriormente ante el Constitucional alemán la entrega por malversación. Tienen un plazo de 30 días para hacerlo y, según las defensas, el recurso dejaría en suspenso el proceso de extradición hasta la resolución del Constitucional.
La Justicia alemana consideró "no admisible" la petición de extradición por rebelión al considerar que "la cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición (equivalente en Alemania al tipo español de rebelión) no se alcanzó en los enfrentamientos en España".

LEGISLACIÓN EUROPEA
La decisión adoptada por Alemania descarta la entrega del expresident catalán a España por un delito de rebelión y, con ello, elimina la posibilidad de que sea juzgado por ese delito, al menos de momento. La legislación sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE (Ley 23/2014) impediría al Supremo juzgar a un reclamado por un delito distinto a aquellos por los que lo entrega el país en el que fue detenido, aunque contiene una salvaguarda para hacerlo en el futuro.
Primero debería cumplir su condena por malversación en el caso de que le fuera impuesta y, una vez recuperada la libertad, se le podría juzgar si pasa 45 días en España o si sale al extranjero y regresa.
En cualquier caso, es un escenario que en todo momento rechazaron tanto el Supremo como la Fiscalía, por el sinsentido que supondría juzgar a quien lideraba el "procés" por malversación (un delito castigado con un máximo de ocho años de prisión) y a sus subordinados por rebelión (que puede acarrear condenas de hasta 25 años de cárcel).
Ante esta circunstancia, Llarena podría rechazar la entrega del expresident, que permanecería en libertad pero con la amenaza de ser detenido y puesto a disposición de la justicia en cuanto regrese a España hasta que el delito prescriba dentro de 20 años.
No solo eso, sino que el juez, que declaró en rebeldía a Puigdemont y a los otros seis huidos de la justicia española, podría dictar una nueva orden de detención y entrega en cuanto el expresident de la Generalitat de Cataluña abandone Alemania con destino a otro país europeo.
Otro escenario que se había barajado es el de que Llarena plantease una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, lo que implicaría la apertura de una pieza separada para Puigdemont.
Esta opción permitiría además ganar tiempo para evitar que el expresident sea entregado simplemente por malversación mientras los miembros de su Govern que se quedaron en España se enfrentan a un juicio por rebelión en este proceso.
Si la vía de acudir a Luxemburgo no logra prosperar con éxito, el magistrado Pablo Llarena se plantearía aceptar la entrega de Carles Puigdemont solo por malversación e intentar acusarle por el tipo más grave que permite este delito, que prevé penas de hasta 12 años de cárcel.

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