La indemnización a los autores del atentado en la T4 se descontará de lo que deben a sus víctimas
n n n El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló ayer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no habla de torturas en la sentencia en la que condena a España a indemnizar con 50.000 euros a los etarras que atentaron contra la T4 por trato degradante policial. Además, subrayó que la indemnización que reciban habrá que descontarla de lo que deben estos mismos presos por sus delitos.
En concreto, el TEDH condenó al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a Igor Portu y con 20.000 euros a Mattin Sarasola - los etarras responsables del atentado de la T4- por el trato "inhumano y degradante" que sufrieron cuando fueron detenidos en enero de 2008. Según la Corte europea, con sede en Estrasburgo, la actuación policial fue lo "suficientemente grave" como para merecer la condena.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá indicó que esta sentencia evidencia que el sistema de garantías y el sistema de defensa de los derechos "ha funcionado, tanto en el sistema español como en el ámbito del TEDH". "Por lo tanto, me parece que es un fortalecimiento de la esfera de los derechos de todos los ciudadanos, incluso de las personas que han cometido delitos gravísimos, delitos terroristas, también tienen lógicamente la máxima tutela judicial de sus derechos", manifestó.
El ministro de Justicia señaló que en este caso se producen "unas lesiones" y el tribunal de Estrasburgo ha acabado indemnizando a los etarras. Esa situación, prosiguió, es lo que "justifica" que el Estado tenga que pagar esos 50.000 euros. "Insisto, no lo califica como torturas, atribuye al Estado español responsabilidad pecuniaria que habrá que descontar de la que ellos tienen pendiente por los gravísimos asesinatos por los que fueron condenados", avisó.
Dicho esto, Catalá reiteró que la valoración del Gobierno es que se ha producido un "funcionamiento del sistema institucional, garantía de los derechos y tutela judicial de todos, incluso de los criminales condenados por los delitos más graves" en España.
absoluciones
El Supremo absolvió el 15 de noviembre de 2011 a los cuatro guardias civiles que habían sido condenados inicialmente por la Audiencia de Guipúzcoa a penas de entre dos y cuatro años y medio de cárcel por torturar a los miembros de la banda terrorista ETA cuando fueron detenidos en la localidad guipuzcoana de Arrasate el 6 de enero de 2008. La absolución fue validada por el Tribunal Constitucional. Los agentes del instituto armado alegaron que las lesiones que presentaron eran compatibles con una detención violenta, ya que los terroristas se resistieron violentamente. n
