El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, advirtió el pasado mes de diciembre a Jordi Turull, de que si mentía en sus propósitos de respetar la Ley y de guiarse por vías constitucionales y reincidía en el delito, podría volver a la cárcel.
Así lo afirmó el magistrado en el auto dictado el pasado 4 de diciembre, por el que acordó dejar en libertad bajo fianza de 100.000 euros al exconsejero de Presidencia, Jordi Turull, así como a otros cinco exconsejeros de la Generalitat de Cataluña: Raül Romeva, Josep Rull, Dolores Bassa, Meritxell Borrás y Carles Mundó.
El juez recuerda en ese auto que estos investigados manifestaron en las comparecencias que tuvieron ante él, que acataban la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Además, recordaba el magistrado que, aunque no renunciaban a su aspiración de lograr una República catalana independiente reinterpretándose o modificando para ello la Constitución, se comprometieron a hacerlo mediante mecanismos pacíficos, respetuosos con el orden constitucional y modificando sus anteriores estrategias.
Sin embargo, el juez Pablo Llarena no se fíaba en el escrito de las buenas intenciones mostradas por estos investigados en el Tribunal Supremo y por eso, aunque acordó su libertad bajo fianza, advierte de las consecuencias que puede tener para ellos si mienten y vuelven a incumplir la Ley.
"Dar credibilidad a los investigados que afirman que no volverán a actuar ilegalmente, supone asumir un confiado pronóstico", asegura el magistrado, quien justifica su decisión de dejarles en libertad con medidas cautelares en la "importancia del derecho a la libertad de cualquier ciudadano".
Pero acto seguido, deja claro que "si volvieran al delito, el comportamiento podría corregirse completa e inmediatamente con solo adoptar la decisión de modificar las medidas cautelares que apostaron por su libertad".
En el auto también se recuerda la hoja de ruta marcada en el documento Enfocats, encontrado en los registros practicados en casa y el despacho de la mano derecha de Junqueras en la vicepresidencia, Josep María Jové. En él se recoge un "plan de actuación para la desconexión forzosa y garantizar el existo de una eventual vía unilaterar".
Así, el juez recuerda que las opciones que se contemplan en este documento van desde que el Estado acepte la independencia, en el mejor de los supuestos para los independentistas, a otros escenarios como que
desde España se ofreciera una negociación a cambio de que Cataluña renunciara a la declaración de independencia. E incluso contemplaron que se produjera una reacción violenta del Estado (intervención), pasando por la asfixia económica y judicial.
Pero, según señala el auto, "en todos estos supuestos, se contemplaba persistir en el conflicto hasta que al Estado no le quedara más alternativa que la autorización de la independencia, de suerte que ante la aplicación del artículo 155 de la CE, los propios planes independentistas reflejan que el riesgo de permanencia en el delito existe y que es apreciable en todos los investigados".
