España

Impulsores de consultas ilegales como la del 1-O no irán a prisión

Monserrat, defensora de la iniciativa, conversa con Pablo Casado durante el pleno del Congreso.
photo_camera Monserrat, defensora de la iniciativa, conversa con Pablo Casado durante el pleno del Congreso.

PSOE, Podemos y los nacionalistas unen sus votos para tumbar la iniciativa de PP y Ciudadanos

nnn  El Partido Popular y Ciudadanos no lograron ayer que fuera aprobada su iniciativa en el Congreso de los Diputados de que sean castigados con penas de prisión quienes convoquen o participen en la organización de un referéndum ilegal como el del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Tanto el PSOE como Unidos Podemos y las formaciones nacionalistas se negaron a que la Cámara tramite la proposición de ley del PP para que se castigue con pena de cárcel de entre tres y cinco años a los cargos o funcionarios que promuevan consultas ilegales.
El PP, que contó con el respaldo de Ciudadanos y Foro Asturias, pidió concretamente reformar el Código Penal para recuperar un delito que se introdujo en 2003 durante el Gobierno de José María Aznar para frenar el "plan Ibarretxe" y que fue derogado con la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa.
La portavoz del PP, Dolors Montserrat, defendió ante el Pleno que el Código Penal debe servir para prevenir los golpes contra la democracia y adaptarse a las nuevas realidades sociales. Subrayó que, mientras el PP supo anticiparse a las amenazas del nacionalismo radical que representaba el PNV, "las izquierdas siempre han allanado el camino a los nacionalistas" y lo "sacaron" del Código Penal para "permanecer unos meses más en la Moncloa".

sin arrepentimiento
"Siempre están dispuestos al rescate del separatismo", denunció Montserrat, que incidió en que los líderes independentistas catalanes que convocaron el referéndum del 1-O sabían que cometían delitos y las consecuencias de sus actos, pero "siguieron y siguen adelante, ni se arrepienten ni piden perdón". Criticó que el PSOE, con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la cabeza, digan que hay que dar una solución política a quienes llaman a los españoles "bestias taradas" y "arrodillarse" ante el separatismo. 
"La solución es la Constitución y fortalecer las instituciones democráticas y defender el Estado de Derecho", recalcó Montserrat, que señaló que si los líderes separatistas están en el banquillo es porque el PP les frenó. En su opinión, es "inexcusable" actuar frente a los separtistas que en ocho meses de Gobierno de Pedro Sánchez han convertido a los socialistas en "presos políticos de los políticos presos".
Y recalcó que al votar ayer en contra de la proposición de ley el PSOE "pone en evidencia que puede liquidar España a cambio de la Moncloa  y que está más cerca de Waterloo que de la Constitución", porque "su pacto está más vivo que nunca". 
"Dialogar no es entregarse al separatismo", le contestó el diputado socialista Juan Carlos Campo, para quien el PP se ha "retratado" con esta iniciativa que muestra "su debilidad y, lo que es más grave, una manera de hacer política". Según lamentó, los populares confunden el castigo del delito con la solución del problema y les reprochó que persistan en esta postura que ya promovió Aznar y que "ni refuerza el Estado de Derecho ni fortalece el sistema democrático". "¿De verdad piensan que el Código Penal es necesario para esto?", pregutnó Campo, que defendió que ya establece "sin fisuras" las herramientas necesarias para combatir lo ocurrido en Cataluña y añadió que el juicio del procés es prueba de ello.

otros rechazos
Tanto Jaime Moya, de Unidos Podemos, como los nacionalistas catalanes consideraron que la iniciativa del PP da la razón a quienes creen que la celebración de un referéndum no es ilegal. "No lo fue el 1 de octubre ni lo será mañana ni pasado mañana", dijo Moya. Para Carolina Telechea, de ERC, los populares reconocen que el juicio del procés es una "farsa" e insistió en que "trabajar por la independencia de forma pacífica no es delito" y en que "nada" de lo que han hecho es delito. De "torpeza penal y política" calificó Mikel Legarda, del PNV, la reforma de los populares que en lugar de ayudar a resolver el conflicto "fomentan el enfrentamiento, agravan el drama y tensan aún más las heridas".
Sin embargo, para Ignacio Prendes, de Ciudadanos, la democracia debe defenderse de sus "enemigos" y dotarse para ello de los instrumentos necesarios para hacerles frentes, así como mejorar los existentes porque "también se afinan los comportamientos de los golpistas". n

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