La decisión obedece al rechazo del Ejecutivo secesionista a enviar las certificaciones semanales de sus cuentas al ministerio
El Ministerio de Hacienda llevará hoy un paquete de medidas al Consejo de Ministros con el fin de impedir que la Generalitat de Cataluña use dinero público para el referéndum del 1 de octubre que ha suspendido de manera cautelar el Tribunal Constitucional, según informaron fuentes del Gobierno. Entre las medidas que está estudiando incluir está la gestión directa del gasto social de la Generalitat de Cataluña.
Esta decisión de Hacienda viene propiciada por el hecho de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, comunicó por carta a Cristóbal Montoro que no va a enviar certificaciones semanales de las cuentas del Ejecutivo catalán al Ministerio, tal y como se le había requerido por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 21 de julio. Además, Junqueras argumentó que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlamento catalán para regular y garantizar la celebración del referéndum es incompatible con esa decisión de la Comisión Delegada.
Las fuentes consultadas explicaron que se trataría de la gestión directa del dinero que se ingresa a la Generalitat de Cataluña como pagos a cuenta del sistema de financiación autonómica. La Generalitat cuenta con ingresos propios de los impuestos propios y cedidos.
grueso de presupuestos
La partida de gasto social es el grueso de los Presupuestos tanto del Estado como de cualquier comunidad autónoma ya que engloba los gastos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Las entregas a cuenta de la financiación autonómica no son partidas finalistas como sí lo son las del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que van destinados al pago a proveedores y a los vencimientos de deuda. De hecho, el Ministerio de Hacienda ya ejerce un férreo control sobre el dinero del FLA y obliga a las CCAA a registrar en el Ministerio todas las facturas que se pagan.
Sin embargo, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica van directamente al presupuesto general que administra cada autonomía. Si el Ministerio de Hacienda finalmente gestionase el gasto social estaría administrando una parte muy importante del presupuesto catalán.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, requirió ayer a la Generalitat que cumpla con su deber y remita de inmediato la información a la que está obligada, después de que dejara de hacerlo amparándose en las últimas leyes aprobadas en el Parlament. En la carta de respuesta del Gobierno, Montoro advierte de que, si no facilitan estos datos, se adoptarán "las medidas necesarias" para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente y, en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria.
Además, Montoro deja claro al Govern que no puede justificar no cumplir las obligaciones del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de 21 de julio, porque las normas aprobadas en el Parlament hace una semana han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y por tanto no amparan ninguna actuación.
El personal de Correos no admitirá envíos del referéndum ilegal del 1-O
La dirección de Correos remitió una circular interna a los directores de oficinas y sucursales recordándoles que, en cumplimiento de la ley, deben abstenerse de tramitar cualquier tipo de envío relacionado con el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre que ha suspendido el Tribunal Constitucional, confirmaron en fuentes de la empresa pública. La circular recuerda a los directores de oficina que el Constitucional ha impugnado toda la normativa promulgada por la Generalitat orientada a la independencia de Cataluña, y por tanto, toda actuación derivada de esa normativa está suspendida.
Correos pidió a los responsables de sus sucursales que transmitan esta directriz a todos sus trabajadores, en la que se les recuerda que tienen que abstenerse de dar curso a los envíos relacionados con el plebiscito del 1-O. "Correos es una empresa pública que cumple con la norma", indicaron las mismas fuentes a Europa Press, que enmarcaron esta actuación en la normalidad y en la lógica del cumplimiento de la legalidad.
El mensaje, reza así: "El Constitucional ha acordado la suspensión de toda la normativa que regula el referéndum de autodeterminación, al haber sido impugnada, lo que conlleva la de cualquier actuación que traiga causa del mismo. En consecuencia, Correos deberá abstenerse de realizar la admisión de envíos, o llevar a cabo cualquier acto que pudiera estar relacionado con la consulta. Cualquier duda que pudiera plantearse habrá de ponerse de inmediato en conocimiento de su respectivo jefe de sector".
