El instituto armado acusa al independentismo de usar "tácticas propias de la delincuencia organizada"
Los últimos informes de la Guardia Civil remitidos al Supremo afirman que la portavoz de Junts pel Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, participó en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre, una convocatoria que fue ideada con "tácticas propias de la delincuencia organizada". La participación de Artadi -entonces directora general de Coordinación Interdepartamental de Presidencia- en el referéndum se extrae de las llamadas intervenidas a Josep María Jové, hombre de confianza de Oriol Junqueras, pieza clave del proceso soberanista considerado el "cerebro" de la logística del 1-O.
En uno de esos pinchazos, Artadi llamó a Jové a las once y media de la noche del 6 de septiembre de 2017, mientras se votaban los decretos de las leyes de desconexión en el Parlament catalán, indica uno de los informes. El motivo fue conocer con qué fecha publicaban el decreto de convocatoria del referéndum y Jové le dijo que estaban preparados para enviar las cartas a los ayuntamientos, con fecha del día 6, por lo que debía publicarse ese mismo día.
Tres minutos después, en otra llamada Artadi comunicó a Jové que el decreto se publicaría alrededor de una hora después, pero con fecha del día 6. La Guardia Civil también encontró rastro de la participación de Artadi en el proceso en una llamada suya al que fuera secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, en la que hablan de la creación de la Hacienda catalana.
principales responsables
Los informes concluyen que los tres principales responsables de la organización del referéndum fueron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva, pero "el cerebro de la logística" fue Jové. Él recibía órdenes y despachaba asuntos directamente con Oriol Junqueras y también con Marta Rovira, quien debe declarar la próxima semana ante Llarena y quien, a juicio de la Guardia Civil, tuvo un papel fundamental en el proceso.
Por otra parte, acusa en a los líderes y principales responsables independentistas de Cataluña de actuar con "tácticas propias de la delincuencia organizada" amparadas en el "secretismo" y en un "lenguaje convenido propio", que demuestra "cierto conocimiento de las técnicas policiales de investigación". Menciona que la hoja de ruta que manejaba la cúpula independentista "no fue fruto del azar" sino que estaba "suficientemente planificada" con pasos, etapas y objetivos.
Todo ello bajo una estrategia marcada por "unas precauciones en sus comunicaciones propias del comportamiento de la delincuencia organizada" con "mensajes de Telegram con autodestrucción en cuestión de segundos", "correos electrónicos con borrado casi inmediato y "diálogos prácticamente surrealistas donde hablan de esto, eso o aquel".
El informe dedica un apartado a los Mossos d'Esquadra y acusa a los dirigentes políticos y policiales del cuerpo, entre ellos el exdirector Pere Soler y el exmayor Josep Lluís Trapero, de proteger a responsables y líderes soberanistas que estaban siendo investigados con labores de "contravigilancia", en vez de "para hacer cumplir los mandatos judiciales o las investigaciones policiales", afirma el documento.
El soberanismo catalán teme al castellano como lengua vehicular
Las fuerzas soberanistas coincidió ayer en destacar la urgencia de formar Govern, ante su temor a que el Gobierno de Mariano Rajoy aproveche la aplicación del artículo 155 de la Constitución para modificar el modelo lingüístico en la escuela catalana ofreciendo el castellano como lengua vehicular. El Gobierno estudia la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluya una casilla en la que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos, después de que se lo haya solicitado el sindicato de profesores Ames y la entidad Societat Civil Catalana (SCC).
Así lo aseguraron fuentes del Ministerio de Educación después de que el presidente de SCC, José Rosiñol, se reuniese ayer con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.El propio Rosiño señaló que esta casilla es una "obligación de la Generalitat, anterior a la aplicación del artículo 155", por lo que no debería ser una noticia ni una excepción, "es la norma".
Desde las filas soberanistas, esta hipótesis reactivó los temores a que el bloqueo de la investidura en Cataluña deje en manos del Gobierno la matriculación del próximo curso escolar. La diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà urgió a formar un Govern "real" y "efectivo" para quitarse así de encima "la losa del 155" y recuperar el control de las instituciones.Fuentes de Junts per Catalunya señalaron que confían en poder alcanzar un acuerdo con ERC que permita formar gobierno en Cataluña en las próximas semanas, antes de que la medida que estudia el Ejecutivo central pueda aplicarse.
