En el segundo día de la Operación Lezo, el juez comenzó a tomar declaración a los detenidos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en varias empresas, entre ellas OHL, Indra y PriceWaterhouseCoopers (PwC), para buscar información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con una presunta financiación irregular del PP. En el segundo día de la denominada Operación Lezo, en la que se investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco comenzó a tomar declaración a los detenidos, en concreto a María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal, y Adrián Martín, exgerente de esa entidad, al que envío a prisión con la fianza pedida por la Fiscalía, 100.000 euros.
El plan de trabajo de Velasco pasa por tomar hoy declaración a los otros arrestados que desde el miércoles permanecen custodiados por el instituto armado, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica. Ayer se conoció que otro de los detenidos fue el ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, ya investigado en el caso Púnica, en el que también se investiga la financiación ilegal del PP de Madrid.
Dentro de esas pesquisas, el juez ordenó a la UCO entrar en la constructora OHL, la tecnológica Indra, Licuas (una constructora de obra civil), Saerco (que gestiona torres de control de aeropuertos) y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC).
desvío de fondos
En el caso de OHL, cuya cotización cayó un 8,29% tras conocerse la noticia, la investigación tiene que ver con el contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero, firmado en 2007, y con el posible desvío de fondos hacia el PP y hacia el propio Ignacio González. Fuentes de la constructora recalcaron que nunca se pagaron comisiones a ningún partido. Tanto OHL como Indra aseguraron que prestaron la máxima colaboración a la Guardia Civil.
A PwC los agentes le reclamaron información sobre los trabajos de consultoría prestados a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, entidad que también fue registrada. La cuestión es que su ex consejero delegado, Martínez Nicolás, ahora detenido, está imputado en la Púnica por pagar 10.000 euros a la trama tras una supuesta orden de la Consejería de Presidencia y Justicia. Estos pagos, que se hicieron con dinero solicitado a la empresa Indra, como explicó él mismo en su día ante el juez, estarían destinados a mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico.
El segundo día de la Operación Lezo también sirvió para que Eloy Velasco tome declaración como investigados al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de ese medio, Mauricio Casals, por supuestas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para proteger a Edmundo Rodríguez, consejero de la editora del periódico. Marhuenda negó presionar "jamás" a Cifuentes y hacer"nada incorrecto" . "Nunca la he amenazado", recalcó el director de La Razón, quien, como Casals, enmarcó en el ámbito informal y privado sus conversaciones.
