El juez archivó la causa contra Marhuenda y Casals por sus presuntas coacciones a Cifuentes
La oposición acrecentó sus críticas a los ministros de Justicia e Interior por las nuevas revelaciones del caso Lezo, que incluye un mensaje de Rafael Catalá a Ignacio González en el que le desea que "se cierren los líos", pero tanto él como Juan Ignacio Zoido negaron "injerencias" en la investigación. Se siguen conociendo detalles del caso sobre la corrupción en el Canal de Isabel II, por el que el juez Eloy Velasco decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Ildefonso de Miguel, gerente del Canal hasta 2009, mientras que archivó la causa contra Francisco Marhuenda y Mauricio Casals por sus presuntas coacciones a Cristina Cifuentes. Para ello tuvo en cuenta la declaración de Cifuentes, que dijo que "no se sintió" presionada por ellos para no denunciar las irregularidades del Canal.
Pero la novedad que avivó el debate político es el mensaje que envió Catalá a González en noviembre de 2016, en el que, en respuesta a la felicitación de éste por su continuidad en el Gobierno, le decía: "Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos". Un mensaje que, según explicó el propio Catalá, no aludía a "cuestiones judiciales", sino que era "de cortesía" y le trasladaba su deseo de que se ordenara "la situación política en España".
Pero tanto el PSOE como Podemos pidieron la dimisión del ministro, a quien cuestionan tanto por ese mensaje como por la actuación del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, quien defendió su actuación en el caso y dejó claro que no piensa dimitir. El jefe de los fiscales confirmó que el juez ordenó colocar un micrófono en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid, pero indicó que no fue para evitar esas supuestas filtraciones sino que era parte de la investigación.
las polémicas filtraciones
El caso es que la oposición coloca entre los sospechosos de esas posibles filtraciones al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por la reunión que tuvo en su despacho el 8 de marzo con Pablo González, hermano de Ignacio y también detenido. Por ello, PSOE, Podemos y Ciudadanos utilizaron sus preguntas en el pleno del Senado para inquirir al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre ese encuentro.
El ministro recalcó que no hubo "injerencia" del Ejecutivo en la investigación del caso Lezo, que se saldó con más de una decena de detenidos, prueba de que "la Justicia funciona". reiteró el carácter meramente protocolario de la polémica reunión y arremetió contra quienes lo ponen en duda.
En el plano judicial, el juez Velasco envió a prisión con fianza de 100.000 euros a un nuevo detenido en el caso. Se trata de Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II hasta 2009 y quien el juez atribuye los delitos de organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.
La Fiscalía denuncia a Dancausa por la gestión en Mercamadrid
La Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y el hermano de Ignacio González, Pablo, por un presunto delito societario.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron la presentación de dicha denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid contra las dieciséis personas que formaban parte del Consejo de esa empresa pública en 2013. En la misma, se solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que supusieron un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".
Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032. En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros "para obtener el uso de dos salas, de su propiedad, que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".
El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó.n
