El Ministerio de Hacienda se hace cargo del pago de las nóminas, educación, sanidad y servicios sociales de la autonomía
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer un paquete de medidas "novedosas" para controlar los gastos de la Generalitat de Cataluña y que suponen "de facto" una intervención parcial de las cuentas de esa comunidad autónoma. Con la decisión adoptada ayer en el Consejo de Ministros, el Estado asumirá el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Montoro explicó que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, dijo, de un mecanismo "de control de pagos novedoso" en términos de la "intervención del Estado" ya que no se habían adoptado nunca antes. El Gobierno de Rajoy admite que "estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat", pero las justifican por la "excepcionalidad de la situación" y en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
ni un euro al 1-o
Pero quiso dejar claro que "no afecta al ejercicio de las competencias". "No asumimos competencias", remachó Montoro antes de recalcar que la Generalitat seguirá decidiendo qué cantidad de dinero va a sanidad, a protección ciudadana y educación. Lo que sí quiere garantizar el Gobierno de Mariano Rajoy es que "ni un euro" del erario público se va a destinar a una actividad ilegal como lo es el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre y también pretende asegurarse de que se cumplen los objetivos de estabilidad.
La aprobación de estas medidas por parte del Gobierno se produce después de que el jueves, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicara a Hacienda que no iba a informar semanalmente de los gastos del Ejecutivo de Carles Puigdemont. También el jueves la interventora general de la Generalitat trasladó al Ministerio que iba a acatar la orden de su jefe de no informar de los gastos. Una actitud que fue comunicada a la Fiscalía.
Para aplicar estas medidas, el ministerio emitirá un requerimiento al presidente Puigdemont para que haga un acuerdo de no disponibilidad de crédito en relación con las partidas de gasto de servicios públicos no fundamentales. Esto supone que no podrá realizar nuevos pagos de astos que no estén ya comprometidos y excepcionalmente el departamento de Hacienda podrá autorizar fondos si se justifica la concurrencia de razones urgentes.
Para ello, da un plazo de 48 horas y si esta petición no es atendida, será el ministro quien adopte la decisión. Además, la Generalitat deberá comunicar al Ministerio todos los importes que se pagan con cargo a los servicios públicos fundamentales -nóminas, educación, sanidad y servicios Sociales- a través de los informes de la interventora general de la Generalitat, quien deberá firmar un "certificado" de que no se está financiando nada ilegal con cargo al erario público.
como el fla
Con estos datos, será el Gobierno quien realice directamente los pagos de las nóminas y de los gastos relacionados con Educación, Sanidad y Servicios Sociales que suman buena parte de los 1.400 millones de euros que recibe Cataluña cada mes con cargo al sistema de financiación autonómica. Se trata de aplicar el mismo sistema que se había venido utilizando con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que el Gobierno paga directamente las facturas de los proveedores de las CCAA y los vencimientos de deuda. Estas facturas se cargan a la plataforma FACE de Hacienda y los pagos son liberados por el ICO.
Hacienda no tocará la partida correspondiente a los impuestos cedidos a Cataluña y que supone una recaudación de entre 240 y 250 millones al mes. "Ellos tienen una capacidad de financiación pequeña y en eso no entramos", expuso Cristóbal Montoro. n
