En un duro alegato, el fiscal Zaragoza arremete contra las tesis de los acusados, por querer "sentar al Estado en el banquillo"
nnn La Fiscalía del Tribunal Supremo proclamó ayer que la causa del "procés" es una "defensa de la democracia y el orden constitucional", en un duro alegato en el que ha arremetido contra las tesis de los acusados, por querer "sentar al Estado en el banquillo".
La segunda sesión del juicio, que ha coincidido con el rechazo de los presupuestos generales en el Congreso que puede llevar a un adelanto de las elecciones generales, se centraba en las intervenciones de la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado y la popular de Vox, para responder a las alegaciones planteadas por las defensas de los procesados.
Frente a los ataques de las defensas, que el martes denunciaron que el juicio supone la vulneración de múltiples derechos fundamentales de los procesados, el fiscal del Supremo Javier Zaragoza ha reivindicado la importancia del juicio como "defensa de la democracia", tras advertir a los acusados de que "nadie está por encima de la ley".
Zaragoza ha iniciado sus alegaciones reprochando a las defensas que hayan convertido sus escritos ante el Supremo en "auténticos libelos acusatorios" con el fin de "desprestigiar la Justicia española" y "sentar al Estado en el banquillo". Para Zaragoza, el fin de las defensas es "desprestigiar la Justicia española", así como "transformar en víctimas a quienes han quebrantado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado", cuando fue este quien trató de "restaurar el orden jurídico frente a las agresiones" independentistas.
un “plan concertado"
Menos vehemente, pero no por ello menos duro, el fiscal Fidel Cadena ha dedicado su discurso a desmontar la tesis de las defensas de que la causa persigue el independentismo pacífico y ha mantenido que lo que se juzga es "un plan concertado" en el que los acusados tenían previsto, desde un principio, usar la violencia, para la "desconexión" con España. En opinión de Cadena, desde la "más absoluta unilateralidad", los líderes del "procés" urdieron un plan para separar Cataluña de España, utilizando para ello tres elementos: "el poder del uso coercitivo del derecho" y el de los ciudadanos erigiéndose en "murallas humanas lanzándose contra las fuerzas de seguridad", apoyados por unos Mossos d‘Esquadra que se unieron "al clan de la rebelión".
La primera intervención de Vox en el juicio no ha estado exenta de polémica. El letrado Pedro Fernández, que ha realizado una exposición breve y esencialmente técnica, ha comenzado con una queja porque el líder de ANC, Jordi Sànchez, lleve un lazo amarillo, con "una carga política indudable".
Buena parte de la intervención de la Abogacía del Estado se ha centrado en disculpar la actuación de la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, quien, según ha aducido la letrada Rosa María Seoane, "no pretendía trasladar ningún perjuicio" cuando aludió a los procesados como "condenados" en unas declaraciones en inglés a la BBC. Lo ha hecho después de que el martes algunas defensas plantearan que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, pero la abogada del Estado ha precisado que esas palabras deben "interpretarse y leerse en una clave contextual distinta" y ha recalcado: "nos encontramos en una manifestación hecha en una lengua no materna". Seoane ha descartado que en el caso se genere indefensión a los acusados por la falta de una doble instancia que revise la sentencia y ha insistido en que el juicio cuenta con "todas las garantías" ya que, además, se le "predica un mayor conocimiento de cuestiones de toda índole".
La segunda jornada del juicio ha transcurrido con mucha menos expectación que la primera, lo que ha permitido garantizar la organización en los accesos del Tribunal Supremo, sin que se hayan repetido las colas al haberse habilitado una segunda puerta de entrada para familiares y público en general.n
