Otros 45 dirigentes autonómicos y locales se adhieren a las quejas
Las federaciones de Podemos de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han rebelado contra las maniobras de la dirección del partido que lidera Pablo Iglesias para apartar a Olga Jiménez de la presidencia del Comité de Garantías.
A título personal, otros 45 dirigentes autonómicos y locales, pertenecientes a los distintos comités de garantías del partido, entre ellos de Galicia, se han sumado a las quejas de las cinco federaciones citadas y se han adherido al contenido "íntegro" del comunicado de Olga Jiménez. Este órgano acordó proponer la nulidad de los nuevos estatutos, que establecen un régimen disciplinario e incluso sanciones para quien filtre información interna, por no figurar en los documentos que se aprobaron en Vistalegre II. A raíz de esa resolución, tres miembros del comité, Argiro Giraldo, María del Rosario Rodero e Isabel Serrano, discreparon y denunciaron a Olga Jiménez por "excederse en sus funciones", por lo que la dirección de Podemos optó por abrir un expediente disciplinario a la presidenta del órgano.
Jiménez y parte del Comité dictaminaron que los nuevos estatutos contemplaban modificaciones no votadas en el último congreso del partido, conocido como Vistalegre II, y que por ello estas deberían ser ratificadas por las bases del partido.
En concreto, la resolución del órgano rechazaba la nueva composición del mismo Comité propuesto por la dirección, que contemplaba pasar de cinco miembros titulares y cinco suplentes a diez miembros cuyo voto valga lo mismo, por no estar contemplado en el documento organizativo DesBorda elegido en Vistalegre II.
Tras los últimos episodios internos, las cinco federaciones citadas se han alineado con Jiménez y el resto de miembros del tribunal que dictaminaron la nulidad de los nuevos estatutos.
Fuentes del partido contrarias a la dirección de Pablo Iglesias han criticado "el golpe a la democracia interna" que supone "la persecución" de la presidenta del Comité de Garantías "por coordinar un órgano bajo los principios del derecho", ante lo que concluyen: "La Ejecutiva debe rectificar".
