Narcís Serra y el resto de investigados por el agujero de 720 millones señalan al Banco de España
nnn El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el resto de investigados por el presunto agujero de 720 millones de euros ocasionado en la entidad, que declararon ayer en la Audiencia Nacional, han señalado al Banco de España como conocedor de las operaciones al estar al tanto de todo. Además del exvicepresidente del Gobierno han comparecido los ex directores generales de la caja Adolf Todó y José María Loza, que han apuntado al Banco de España, conocedor tanto de las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo entre 2001 y 2007 como del cambio de modelo de negocio posterior a 2008.
Asimismo, han asegurado que el proceso para aprobar dichas operaciones cumplió en todo momento la normativa; prueba de ello, han añadido, es que se hicieron, con éxito, unas 600 o 700.
“muy tranquilo"
A su salida de la sede judicial, donde ha declarado durante una hora y diez minutos por el perjuicio causado a la entidad mediante operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares entre 2000 y 2013, Serra se ha dirigido a los periodistas y ha asegurado que ha entrado "muy tranquilo" y que salía "aún más tranquilo", convencido de que "todo acabará bien".
Los tres investigados relataron que nadie podía esperar el desplome de los mercados y recordaron que incluso en 2008 se hablaba de brotes verdes; en su opinión, el agujero patrimonial también obedece al poco valor por el que se vendieron a la Sareb los activos tóxicos de la entidad. Los exdirectivos también han dicho que el Banco de España y el FROB estaban también al corriente y aprobaron la sustitución de Loza por Todó, que se produjo en febrero de 2008.
el papel de serra
Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González entre 1991 y 1995, llegó a la presidencia de Catalunya Caixa en 2005 10 años después de dejar la política, tras años centrado en el sector privado, como consejero de filiales de Telefónica en Brasil y Chile. La causa investiga una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).
Anticorrupción considera que los órganos de gobierno de la entidad aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión". De este modo, la caja habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y concedido créditos "desproporcionados".n
