Los seis detenidos en la operación realizada por la Guardia Civil contra un presunto fraude en la gestión de los fondos de formación por parte de UGT en Asturias pasarán la noche en la Comandancia del Instituto Armado en Oviedo y serán puestos mañana a disposición judicial.
Según han señalado a Efe fuentes cercanas a la investigación, a los detenidos, entre los que se encuentra el secretario general de UGT-Asturias entre 2000 y 2016, Justo Rodríguez Braga, se les está dando la oportunidad de testificar en las dependencias policiales a las que han accedido también sus abogados.
En la operación, que se inició a primera hora de la mañana, han sido detenidos también los dos últimos responsables de Formación en las ejecutivas de Rodríguez Braga, Daniel Rodríguez y Manuel Díaz Cancio, así como la ex responsable de Comunicación y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Carmen Caballero.
Según las mismas fuentes, la relación de arrestados se completa con un trabajador del departamento de contabilidad y nóminas del sindicato, Alberto G.C., y una empleada del Instituto de Formación y Estudios Sociales, Silvia S.F..
Las detenciones se han llevado a cabo en distintos puntos del Principado a primeras horas de la mañana coincidiendo con el registro que agentes de la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil han llevado a cabo en la sede regional de UGT centrado en la sede regional del sindicato y de INFASTUR e IFES.
Los registros se han llevado a cabo con el apoyo de la Comandancia de Oviedo por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, al amparo de las diligencias que tiene abiertas por las presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para formación del sindicato.
La Fiscalía denunció en 2015 al sindicato en Asturias ante el juzgado por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).
La denuncia respondía a la investigación de la Guardia Civil que, desde 2014, investigaba a UGT de Asturias por presuntos delitos contra la Hacienda Pública (desvío de fondos para las subvenciones) y falsedad documental.
Tras la denuncia de la Fiscalía, el Gobierno asturiano se personó en la investigación abierta por la supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo por el sindicato UGT a través del IFES.
El Ejecutivo que preside Javier Fernández aseguró entonces que, además de facilitar la información solicitada por la Fiscalía, llevó a cabo previamente "a la luz de algunas informaciones periodísticas" una serie de revisiones sobre las ayudas concedidas al sindicato "más allá del procedimiento habitual".
Así, en el primer trimestre de 2015 el Ejecutivo acordó la revocación de subvenciones a UGT por importe de 347.000 euros -más de 400.000 euros con los intereses de demora- aunque ha advertido de que el sindicato ya ha ganado algunos juicios en los procedimientos contencioso-administrativos que presentó contra estas decisiones.
